Las preguntas de la juez

La exposición razonada de la juez Carmen Lasanta incluía hasta 14 preguntas con las que pretendía identificar a los responsables del espionaje del Cesid a la coalición radical. En concreto, preguntaba desde qué fecha disponía el Cesid de los medios técnicos instalados sobre la sede de HB; quién ordenó su instalación y con qué fin; qué agentes intervinieron en la operación, cuál es su identidad real y su destino actual; a quién daban cuenta del resultado de su trabajo, quién era el mando del Cesid del que dependían, cuál era el departamento encargado de la operación y quién era su máximo responsable; quién era el receptor último de la información y si éste conocía la forma cómo se había obtenido; a quién se informó el 31 de marzo de que la instalación que existía en la sede de HB había sido descubierta; si pertenecen al Cesid cinco personas cuyos nombres enumera, si se trata de identidades ficticias y, en caso afirmativo, cuál es su verdadera identidad, qué destino tienen actualmente y cuál es su relación con los hechos, así como cualquier otro dato de interés para la investigación judicial.

El descubrimiento de la base del Cesid en Vitoria provocó un desmantelamiento parcial de la estructura del servicio secreto en el País Vasco. Además de la documentación incautada en el piso, y en otro situado frente a la sede de HB, la filtración del listado de llamadas realizadas por los agentes del Cesid, que cayó en poder del diario Egin -posteriormente clausurado por formar parte del entramado de ETA-, quemó a un buen número de miembros y colaboradores del centro.

El propio Eduardo Serra reconoció que, debido a esta crisis, se había perdido "una vía caudalosa de información". Fue en el momento más inoportuno, pues a través de la base del Cesid en Vitoria, el Gobierno conoció, por ejemplo, el inicio de las conversaciones entre HB y el PNV que culminaron con la tregua de ETA y el Pacto de Lizarra.