Rechazada una enmienda contra la privatización de las autonómicas

Agencias

El Pleno del Congreso rechazó ayer una enmienda a la totalidad de la proposición de ley que permite la privatización de las televisiones autonómicas y la concesión de nuevas licencias de esta modalidad. Los Parlamentos autonómicos de Canarias y Madrid aprobaron el pasado año trasladar al Congreso sendas iniciativas para privatizar las televisiones autonómicas, mientras que el Gobierno también presentó otra en este sentido. El 26 de marzo de 1998, el Congreso aprobó la toma en consideración de las iniciativas de la Asamblea de Madrid y del Gobierno, que actualmente están en trámite parlamentario. Y ayer el pleno del Congreso debatió -y rechazó- una enmienda a la totalidad de la proposición de ley que, en el mismo sentido que las anteriores, había enviado el Parlamento de Canarias.

Cristina Almeida, en nombre el Grupo Mixto, expresó el rechazo de su grupo a la privatización de las autonómicas porque ello significaría "la falta de libertad de estas televisiones". Antonio Luis Medina Toledo, portavoz del PP, que anunció su voto en contra, dijo que con las proposiciones del Gobierno y de los Parlamentos de Madrid y Canarias "se da satisfacción adecuada a aquellas comunidades sin televisión autonómica". Medina afirmó que con estas proposiciones "las televisiones autonómicas siguen siendo de servicio público".

Desde las filas socialistas se puso en duda que "una sola televisión, gestionada de forma privada, dé acceso a los grupos sociales por lo que la pluralidad sería nula".

Luis Mardones, de Coalición Canaria, anunció su voto en contra y defendió la gestión privada de las autonómicas "porque esto permitirá tener una televisión no gravosa, pero garantizándose el contenido de una televisión pública". PNV y CiU también se opusieron a la enmienda y defendieron el texto del Gobierno.

Felipe Alcaraz (IU) anunció su voto a favor por considerar que las autonómicas "deben ser totalmente públicas", porque si no "llegaremos a una situación de duopolio que afectará a la democracia".

* Este artículo apareció en la edición impresa del jueves, 11 de febrero de 1999.

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