El Tribunal de Andalucía suspende las 35 horas en el Ayuntamiento de Motril

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha emulado a su homólogo en Cataluña y ha suspendido un acuerdo alcanzado el 12 de junio de 1998 por el pleno del Ayuntamiento de Motril (Granada), que aprobaba, entre otras medidas, la semana laboral de 35 horas para sus funcionarios. El Tribunal tiene pendientes al menos otras siete impugnaciones promovidas por la Delegación del Gobierno en Andalucía.El TSJA, como hizo el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en el caso de nueve corporaciones barcelonesas (ver EL PAÍS del 5 de febrero) atendió la petición del abogado del Estado -que dice actuar "por orden" del delegado del Gobierno en Andalucía-, y decidió, el pasado 25 de enero, la suspensión del acuerdo plenario de Motril en tanto se pronuncia sobre el fondo de la cuestión. Ambos tribunales se han amparado en la Ley de Bases de Régimen Local, que señala que la jornada laboral de los funcionarios locales será la indicada para la Administración civil del Estado. Una instrucción del Ministerio de Administraciones Públicas de 1995 establece la jornada para los funcionarios del Estado en 37,5 horas a la semana, como media anual.

La Delegación del Gobierno en Andalucía ha pedido, en el último año, a una veintena de ayuntamientos la anulación de acuerdos plenarios que modificaban las condiciones de trabajo del personal funcionario. En ocho casos las corporaciones desatendieron el requerimiento de la delegación, que impugnó estos acuerdos y reclamó su suspensión ante al TSJA que, hasta ahora, sólo ha suspendido el acuerdo de Motril.

"Es un ataque absurdo a la autonomía municipal", aseguró ayer Luis Manuel Rubiales, alcalde de Motril (PSOE), quien reclamó al Gobierno central y al Partido Popular "una solución política, no judicial, a una demanda social". Rubiales indicó que el Ayuntamiento acatará, "como no podía ser de otro modo", la decisión judicial y no recurrirá la suspensión.

El alcalde de Motril resaltó que, con la suspensión del acuerdo, los funcionarios tendrán que trabajar más horas que el personal laboral contratado, cuyo convenio, que también incorpora la jornada de 35 horas, no ha sido recurrido. "El PP, en vez de trasladar la buena coyuntura económica a los trabajadores, da esta respuesta", se lamentó Rubiales.

Las impugnaciones del Gobierno aumentarán en los próximos meses, según fuentes de la delegación, que precisaron que este organismo "actúa de oficio". Por lo pronto, los recursos atañen también a acuerdos de corporaciones gobernadas por los populares, como el Ayuntamiento de Málaga o la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar (Cádiz).