Industria dio 511 millones de fondos mineros a una empresa de cable tras haber rechazado su petición

Apenas 48 después de que el PP y su aliado parlamentario CiU rechazaran investigar en el Congreso la gestión de Josep Piqué al frente del Ministerio de Industria, un nuevo caso de subvención presuntamente irregular se ha sumado a la ya larga lista denunciada por la oposición. La polémica se centra ahora en 511 millones de los fondos mineros concedidos a una empresa de televisión por cable con actividad en Gijón, Avilés y Oviedo. Como en otros casos anteriores, Industria rechazó la subvención y luego la aprobó. El PSOE solicitó de nuevo ayer en el Congreso que se cree una comisión de investigación.

La subvención a las empresas Telecable de Gijón, Telecable de Avilés y Telecable de Oviedo, filiales todas ellas de la Sociedad Promotora de las Telecomunicaciones en Asturias (SPTA), desvelada ayer por la cadena SER, ha encendido de nuevo la polémica en torno a la gestión de Josep Piqué al frente del Ministerio de Industria. SPTA está participada mayoritariamente por Hidrocantábrico y en ella participan también Caja Asturias, Prensa Asturiana, editora de La Nueva España, y El Comercio de Gijón. El PSOE, apenas dos días después de que PP, CiU y Coalición Canaria se opusieran a una investigación parlamentaria de Piqué, formalizó ayer en el Congreso una nueva petición de comisión investigadora. Por su parte, IU solicitó la comparecencia de Piqué y de la directora general de Minas, Paloma Sendín, para explicar las ayudas. En el Senado, el Grupo Socialista solicitó, además, la declaración patrimonial del titular de Industria. La subvención de 511 millones a las telecables asturianas se aprobó vulnerando, presuntamente, la orden ministerial aprobada el 6 de marzo de 1998 por Industria para el desarrollo de las comarcas mineras. Dicha orden excluye expresamente de las subvenciones con cargo a los fondos mineros (10.000 millones de pesetas anuales) "los proyectos comprendidos en el sector servicios".

Las empresas dedicadas a prestar servicios de televisión por cable, según la Ley de Telecomunicaciones, entran plenamente dentro del concepto "servicios" al que alude la orden ministerial.

Rechazo inicial

De hecho, las solicitudes de las telecables asturianas -administradas por Roberto Paraja Tuero, administrador también de Regional de Telecomunicaciones de Castilla y León, con sede en Valladolid- fueron rechazadas por su "actividad servicios" el 8 de septiembre de 1998 por los propios técnicos del ministerio, según consta en el expediente elaborado por el departamento y al que pertenecen los documentos reproducidos en esta página. Tras ser rechazados por su actividad, el 30 de noviembre de 1998 los proyectos fueron preseleccionados y, apenas nueve días después, aprobados para su subvención. El cambio de criterio de Industria también se dio en otros casos polémicos como el de la empresa Uría Motor. Industria, en contra de lo que venía siendo habitual en su actuación ante las denuncias de irregularidades, decidió ayer hacer público un comunicado en el que explica que su comportamiento ha sido "escrupuloso". Asimismo, asegura que las actividades de valor añadido en el sector de las telecomunicaciones deben ser consideradas como actividades industriales, equiparables "a la instalación de redes eléctricas o de gasoductos".

"La frontera entre los servicios y la actividad industrial es difícil de delimitar", aseguró a este periódico un portavoz del departamento que dirige Josep Piqué. Además, el mismo portavoz destacó la creación de empleo previsto en el proyecto de cable subvencionado, 119 nuevos puestos de trabajo, así como la inversión prevista, 7.331 millones. Como prueba de que comunicaciones e industria no tienen una frontera clara, Industria señaló también que mantiene una dirección denominada Industria en la Sociedad de la Información.

El PP se volcó de nuevo en defensa de Piqué. Su secretario general, Javier Arenas, acusó al PSOE de proseguir con su "cacería" sobre el ministro, y su portavoz de Industria, Javier Peón, aseguró que las acusaciones sobre irregularidades son "falsas".