El sector servicios, excluido

La orden ministerial del 6 de marzo de 1998 para el desarrollo alternativo de comarcas mineras determina, en su apartado cuarto, que "podrán ser objeto de ayuda [con cargo a los fondos mineros] los proyectos de inversión empresarial generadores de empleo pertenecientes a todas las actividades económicas, con las siguientes excepciones: las de extracción y tratamiento del carbón y sus actividades auxiliares y los proyectos comprendidos en el sector servicios". A esta última precisión la orden sólo establece una excepción, los proyectos del sector servicios relacionados con el fomento del turismo, siempre que no sean bares, restaurantes, concesionarios de coches, pequeño comercio, lavanderías, peluquerías, tintorerías y despachos profesionales. Las telecomunicaciones por cable -un servicio, según la actual legislación, de telecomunicaciones- no estaría, por lo tanto, incluida en la única excepción que establece la orden ministerial: proyectos de fomento del turismo en las zonas afectadas por reconversión minera. La Ley de Telecomunicaciones afirma que el "servicio de telecomunicaciones por cable es un servicio público de titularidad estatal", lo que permite a Fomento conceder las licencias de explotación que ha repartido por toda España. La ley dice que el título para prestar estos servicios se obtendrá mediante concurso público, pudiendo el ganador no sólo prestar servicios, sino también establecer la red necesaria para tal prestación. En cualquier caso, el cable sigue siendo un servicio.