El alcalde alega al juez que ordenó pagos ilegales "por ignorancia"

"Esto hay que pagarlo y punto". Esa fue la respuesta que José Franco, alcalde de Callosa de Segura (La Vega Baja), del PP, dio a la tesorera del Ayuntamiento, María Dolores Ramón, cuando ésta le advirtió que los 11 mandamientos de pago firmados por el regidor en mayo de 1995, para saldar facturas pendientes a proveedores municipales, eran ilegales y no podían abonarse. Así de rotunda lo declaró la funcionaria municipal al tribunal que ayer juzgó en la Audiencia de Alicante al alcalde por un presunto delito de prevaricación continuada. Franco ordenó el pago a pesar de que la interventora municipal, Cristina Serrano, advirtió que no había consignación presupuestaria ni expediente de crédito para reconocer ese gasto. Esta funcionaria emitió 11 informes de reparo de legalidad, uno por cada decreto del alcalde, en los que avisaba que no se podía pagar. Serrano, hoy alta funcionaria de libre designación del PP en la Generalitat, no respondió ayer a varias preguntas claves del fiscal y de la acusación particular, ejercida por EU, aduciendo que no se acordaba debido al tiempo transcurrido. El informe del fiscal Miguel Gutiérrez fue demoledor. El alcalde ordenó pagos, entre otros a tres proveedores que hoy son concejales del PP, "con conocimiento de la ilegalidad que estaba cometiendo", y "excediéndose de sus competencias". Según su calificación definitiva, estos hechos constituyen un delito de prevaricación (dictar una resolución a sabiendas de que es injusta), por lo que pidió seis años y un día de inhabilitación para ejercer como alcalde o como concejal. A Gutiérrez le causó "bastante tristeza" la falta de memoria de algunos testigos, en alusión a Cristina Serrano. Algunos de los pagos ordenados por el alcalde excedían de las 100.000 pesetas que, como máximo, le autorizaban la normativa municipal. A partir de esta cifra, los abonos debían aprobarse por la comisión de gobierno o el pleno. Urgencia Franco declaró que firmó los mandamientos de pago sin consignación presupuestaria "por ignorania y por la urgencia de cobro que tenían los proveedores". Uno de ellos se refería a la reparación de un vehículo policial. "O pagamos o el coche no podía salir a la calle", dijo. Preguntado por el fiscal sobre el motivo que le llevó a priorizar esos abonos, el alcalde respondió que el Ayuntamiento prioriza los pagos a pequeños proveedores y relega a un segundo lugar el abono de facturas a las grandes empresas. Sin embargo, altos funcionarios citados como testigos declararon que el Ayuntamiento no pagó a otros pequeños proveedores cuyo gasto sí disponía de partida presupuestaria. La defensa trató de probar que ésta era una práctica habitual en el Consistorio. El reconocimiento de los pagos se aprobó tácitamente en el pleno que en octubre de 1995 dio luz verde a los presupuestos. Sin embargo, el nuevo interventor, Manuel Rodes, admitió en su declaración que en abril de 1996 aún no se habían subsanado los defectos y ese pago no se había legalizado.