Relevo en el Senado
COMO HECHO político y sociológico es relevante que una mujer acceda por primera vez a la presidencia del Senado. En este sentido, el relevo habido ayer en el Senado entre Juan Ignacio Barrero, presidente de la Cámara alta desde marzo de 1996, y la antigua ministra de Educación, Esperanza Aguirre, es positivo. Pero, aparte de esta circunstancia, poco más de bueno puede decirse. La nueva presidenta lo es porque así lo decidió ayer la mayoría de la Cámara alta, pero su voto se acomoda a los designios previos del presidente del Gobierno sobre su antigua ministra de Educación. Y ello dentro una operación política en la que el Senado es una simple pieza de recambio en la estrategia del partido del Gobierno. Esa confusión de planos, con claro dominio del Ejecutivo sobre el Legislativo, muestra mejor que ninguna ponencia de congreso el concepto que se tiene del Senado en las altas instancias del PP. Para colmo, el presidente saliente, Juan Ignacio Barrero, cuya estima por la institución que ha presidido de forma mediocre no le ha impedido abandonarla a la mitad de la legislatura para presentarse como candidato del PP a la presidencia de Extremadura, sondeó en los últimos días de su mandato, cuando ya era público su relevo, la eventual convocatoria del debate anual sobre el Estado de las autonomías que tenía pendiente desde 1997. ¿Intento de demostrar a última hora un dinamismo institucional apenas visible durante su mandato, aun a costa de condicionar la agenda a su sucesora? Las buenas formas institucionales han vuelto a brillar por su ausencia.
La cualidad de mujer no le bastará a Aguirre para salir airosa en sus nuevas funciones. Le hará falta, sobre todo, una predisposición al consenso de la que apenas dio muestras como ministra de Educación. En todo caso, que lo que la Constitución define como "Cámara de representación territorial" llegue a serlo realmente no depende sólo de la nueva presidenta. Es tarea de todos los grupos parlamentarios, especialmente de aquellos que parecen contentarse con que el carácter territorial del Senado no se manifieste en otra cosa que en el uso del castellano, euskera, catalán y gallego en las tomas de posesión presidenciales.
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