El FMI amplía sus políticas de ajuste a los Estados brasileños

Nuevos y drásticos recortes en el presupuesto, despido de funcionarios, privatización de empresas y bancos, recortes en programas sociales de vivienda, educación y salud... La receta para los Estados brasileños, enfrentados al Gobierno central por la renegociación de una deuda que llega a 95.000 millones de euros, ha sido recomendada al presidente Fernando Henrique Cardoso por la misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) que examina las cuentas públicas de Brasil. Poca gente dudaba ayer en Brasil de que la receta será impuesta a los gobernadores, agravando aún más el enfrentamiento que empezó el pasado enero, cuando Minas Gerais decretó una moratoria de 90 días de su deuda con el Gobierno central. La actitud también aumenta el arsenal de críticas a la injerencia excesiva del FMI en Brasil.

Tras una reunión celebrada el pasado domingo en Brasilia, un alto funcionario del Ministerio de Hacienda confirmó que las medidas son parte del acuerdo que se discute con el FMI. Amaury Bier, secretario de Política Económica, afirmó que el "esfuerzo fiscal" de los gobernadores seguirá la misma línea que el FMI le sugiere al Gobierno.

Las medidas han sido anunciadas en un momento difícil para Cardoso, cuando los gobernadores de la oposición -con el velado apoyo de muchos de los aliados del presidente- insisten en la necesidad de discutir de nuevo sobre las relaciones entre los Estados y el Gobierno federal.

Los analistas locales afirmaban ayer que, en el mejor de los casos, le será "muy difícil" al presidente lograr que los gobernadores acepten la receta del Fondo. Mientras tanto, en las reuniones entre el Ministerio de Hacienda y la misión del FMI, lo que se discute es precisamente qué mecanismos adoptar para obligar a los Estados a cumplir con las obligaciones que les impondrá el nuevo acuerdo que permitirá el desembolso de 36.525 millones de euros de ayuda para Brasil.

Reuniones suspendidas

Para hoy estaba previsto un encuentro entre Cardoso y tres de los gobernadores opositores. Pero, después de que el pasado viernes los siete gobernadores opositores divulgaran un documento contra la política del presidente, éste decidió suspender las reuniones con sus aliados y con sus opositores. Los analistas prevén que la tensión entre los Estados y el Gobierno central seguirá en aumento. Los gobernadores federales se quejan de que las medidas adoptadas por Brasilia a lo largo de los últimos cuatro años han obstaculizado la administración regional. Además de pedir la renegociación de las deudas de sus Estados, amenazan con manifestaciones multitudinarias en todo el país. Y por si fuera poco, ayer apareció otra espina en el camino de Cardoso. Algunos ayuntamientos anunciaron que no podrán pagar lo que deben al Gobierno central.

* Este artículo apareció en la edición impresa del lunes, 08 de febrero de 1999.

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