El juez mantiene al Estado como posible responsable civil en el caso de los asesinatos de mujeres de Castellón

El titular del juzgado de Instrucción número 8 de Castellón, José Luis Albinyana, ha desestimado el recurso presentado por el abogado del Estado contra la solicitud del fiscal de que el Estado sea declarado como responsable civil subsidiario de los asesinatos de cinco mujeres entre 1995 y 1996, supuestamente cometidos por Joaquín Ferrándiz Ventura, de 35 años, cuando éste disfrutaba de libertad condicional. El abogado del Estado ya ha anunciado que presentará un recurso de apelación ante la Audiencia. El fiscal sostiene que la administración penitenciaria no ejerció la debida vigilancia sobre el presunto autor de los crímenes, quien se encontraba en libertad condicional tras cumplir condena por agresión sexual. Ferrándiz fue finalmente detenido el año pasado. Además, pide que sea el Estado el que haga frente a las indemnizaciones para las familias de las fallecidas. Existe un precedente por el que el Estado pagó 20 millones de pesetas por un asesinato cometido por un recluso en libertad condicional, aunque en este caso, la reclamación se efectuó en la vía contencioso administrativa. Por su parte, el abogado del Estado alegó que no cabía esta petición en la vía penal, puesto que el supuesto autor ni era empleado público ni cometió los hechos en un edificio del Estado. Según su argumentación, éstos son los dos únicos casos en los que la administración ha de presentarse a un juicio penal. El juez, en el escrito de desestimación del recurso, afirma que la tesis del Estado no guarda "sintonía" con las actuales corrientes legislativas comunitarias y españolas y hace mención a las leyes referidas a las oficinas de ayuda a víctimas del delito. Albinyana añade que la falta de vigilancia propició la "creación del riesgo". Control al sospechoso La resolución también alaba a la fiscalía, que tiene "un protagonismo decisivo por su constante celo en mantener en tensión la investigación". El juez considera que el procesado, en el momento en que cometió supuestamente los crímenes, estaba vinculado jurídicamente a la administración penitenciaria y que ello "genera un deber de vigilancia sobre las consecuencias de la libertad condicional". Albinyana señala que existen razones para vincular al Estado al proceso y apunta que "será la sentencia la que determine la responsabilidad civil". Con ello ha querido indicar que la petición del fiscal sólo se refiere a la comparecencia del Estado en el juicio, tras el que se fijará su posible responsabilidad civil en el caso. El juez aprovecha la resolución para realizar varias críticas. Así, mantiene que "a este sumario le pesan actuaciones tan deficientes" como las registradas en los informes de asistencia social de Castellón sobre la "buena evolución del procesado, cuando ya había asesinado a cinco mujeres". El juez se refiere a los informes que se emitían como consecuencia del control al que estaba sometido Ferrándiz durante su libertad condicional. Ésta se limitaba a su comparecencia mensual, en la que era preguntado por su continuidad en el trabajo y en el domicilio familiar. Albinyana también critica la actuación policial en el caso de una de las denuncias de agresión. La comisaría se limitó a preguntar por el sospechoso en su domicilio y al recibir como contestación que estaba durmiendo, dejó el recado de que se presentara. Ferrándiz acudió a la comisaría, declaró y regresó a su casa.