La Generalitat atribuye a la mala gestión la crisis de la Universidad de Barcelona
La reciente rebelión de varios vicerrectores de la Universidad de Barcelona (UB) esconde, según la Generalitat, un profundo problema en la gestión de los recursos públicos que recibe, y que han sabido reconducir el resto de las universidades públicas catalanas pese a la contención presupuestaria. La crisis ha sido abordada por el rector Antoni Caparrós con la propuesta de crear un holding gestionado con criterios empresariales, que agrupe a todas las instituciones que funcionan bajo la órbita de esta universidad.
La UB cuenta con más de 75.000 alumnos, 3.000 profesores, 1.600 empleados y un presupuesto de 37.000 millones de pesetas anuales. De los 80.000 millones que reparte el Comisionado para Universidades entre las ocho universidades públicas catalanas, la UB se lleva casi un tercio: 24.000. El resto lo obtiene de las matrículas y de los recursos propios que genera. El año pasado ya tuvo problemas para cerrar el presupuesto -finalmente solucionados- a causa de un déficit relativamente pequeño de 400 millones de pesetas. Este año la UB aún no ha aprobado su presupuesto y se habla de que pueden faltar 1.000 millones. La aprobación del mismo se ha pospuesto hasta que se apruebe el contrato programa entre la UB y el Comisionado, cuyas negociaciones, aseguran ambas partes, van por el buen camino. Lo cierto es que, desde hace unos años, la UB se siente menospreciada por la Administración catalana. Las quejas vienen de lejos, pero el pasado mes de noviembre, el vicerrector Joan Tugores envió una durísima carta al rector Caparrós en la que se quejaba amargamente de la marginación a la que la Generalitat estaba sometiendo a la UB. La carta de Tugores, uno de los hombres clave del área de Derecho y Económicas -la llamada División II-, se hacía eco del malestar latente, lamentaba el colapso económico de la institución y la falta de debate interno. Según Tugores, se está produciendo "una degradación de todo lo académico, so pretexto de una gestión económica-financiera". El documento, que tuvo efectos explosivos en el rectorado, cargaba básicamente en dos direcciones: contra la gestión de Caparrós, que calificaba de "amateur", y contra la tacañería de la Generalitat, y utilizaba el agravio comparativo respecto a otras universidades catalanas, argumentando que pretende convertir a la UB en la "variable residual" del sistema. Grupo UB Caparrós consiguió detener la revuelta, básicamente encabezada por profesores y catedráticos del área de Derecho y Económicas, con la propuesta de unificar bajo una gestión empresarial todas las instituciones de la órbita de la UB, incluida la propia universidad, pero también los rentables centros de formación continuada, como la Fundación Bosch i Gimpera, y de transferencia tecnológica, como la Fundación Parc Científic. Según Caparrós, la crisis se ha solucionado y en la reunión de equipo de gobierno del próximo día 18 se aprobará el presupuesto y se dará forma al bautizado Grupo UB. La Generalitat, por su parte, se niega a ser el chivo expiatorio de los problemas de la UB. El comisionado Joan Albaigés considera que "atribuir el origen de esta crisis a la contención presupuestaria de la Administración no tiene sentido y es una forma inadecuada de plantear el problema". Según Albaigés, "hay que pedir que se use el dinero público con el máximo cuidado". La futura firma del contrato programa, piensa Albaigés, puede contribuir a arreglar las cosas. "Es una herramienta para gestionar el presupuesto en base a unos objetivos y unos resultados y debería también servir para descubrir dónde se producen los desajustes presupuestarios", dijo. Fuentes académicas apuntaban al hecho de que las demás universidades catalanas han cerrado sin problemas sus presupuestos y han establecido contratos programa con el Comisionado, mientras que la UB es la única que no ha hecho ninguna de las dos cosas. El caso de la UB, añaden estas fuentes , es representativo del efecto perverso que en ocasiones propicia la actual legislación de universidades, que favorece un modelo de gestión de tipo casi asambleario que, en la dispersión de las grandes universidades, diluye las responsabilidades.
