Deuda Viva

En un Estado social y democrático de derecho como el nuestro, no es concebible que la sociedad se desentienda de las víctimas de delitos, especialmente si lo son por atentados terroristas. La sociedad tiene con ellas un compromiso de solidadridad y de gratitud muy singular: han sido el balnco intencionado unas veces y fortuito otras de los terroristas, en su continuado y despiadado acoso al conjunto de la sociedad democrática. Su muerte y su dolor han sido el intstrumento del que los terroristas se han valido durante años en su intento de chantanjear al Estado, debilitar su voluntad democrática y obligarle a aceptar sus objetivos políticos al margen de las urnas.Es obligado que, cuando el horror terrorista parece que se diluye , la sociedad haga un acto expreso de reconocimiento a sus conciudadanos víctimas del terrorismo y asuma el compromiso que tiene contraído con ellos. Se trata de personas que han visto truncadas sus vidas p or la utilitzación fanática de la violencia , muchas de ellas con problemas económicos, con difultades de reinserción laboral y necesitadas de atención psicosocial. En este contexto hay que situar la propuesta del Gobierno de indemnizar por ley, al margen de la vía de los tribunales, a todas las víctimas del terrorismo (supervivientes y familiares); no sólo afectará a los cerca de 800 muertos y a los 2.000 heridos ocasioneados por los atentados de ETA, sino a las víctimas de los GRAPO y de otros grupúsculos terroristas activos en laépoca democrática.

La iniciativa del Gobierno tiene, pues, un obvio carácter de reparación social. Pero también pretence resolver el tema de las indemnizaciones judiciales, que, aunque enteramente imputables a los terroristas, ni éstos han pagado ni el sistema legal ha sido cpaaz de obligarles a hacerlo. Se calcula que sólo las indemnizaciones judiciales fijadas a favoer de las víctimas de ETA pueden alcanzar la cifra de 100.000 millones de pesetas. A ello hay que sumar las que corresponden al resto de los grupos ya mencionados con anterioridad, y que en algunos casos también representan una cuantía muy elevada.

La propuesta del Gobierno no pretende interferir en la actuación ordinaria de la justicia, ni constituye un obstáculo al derecho de las víctimas a seguir reclamando daños y perjuicios por la vía penal, ni, desde luego, supone condonación alguna de la deuda legal contraída por quienes tantos daños morales y materiales han ocasionado con sus crímenes. En este sentido, lo procedente es que el Estado se subrogue en el pago de las indemnizaciones establecidas pro vía judicial, pero que no renuncie a ningún medio legal - requerimiento , embargo, etcétera- para repercutirlo en sus verdaderos responsables. Aveces se ha dado la impresiónd e que los jueces y el ministerio fiscal no han acutado con la diligencia debida o han sido insensibles frente a los derechos de las víctimas del terrorismo. No es fácil, desde luego, hacerles pagar esa reparación a los autores cuando se trata de individuos pertenecientes a grupos terroristas, pero se dan casos en los que los culpables están fuera de la cárcel, trabajan o poseen negocios sin que nadie les recuerde que tienend una deuda que saldar - las indemnizaciones fijadas en la sentencia- con las víctimas supervivientes de su crimen o con los familiares de sus víctimas.

Esta deuda está viva, no puede morir y ningún proceso de paz debe anularla. Podrán o no los culpables del delito treconocer sus crímenes y los verdugos mostrar o no arrpeentimiento ante el sufrimiento infligido a sus víctimas, pero mal puede recomponerse una sociedad rota por la violencia sin un expreso reconocimiento de la existencia de esa deuda. No debería depender de la voluntad de los terroristas librarse del pago de esa abultada factura por daños y perjuicios debido a sus crímenes. Sólo las víctimas podrían exonerar a sus verdugos de ese pago. Pero la dueda, como tal , es imprescriptible.