Tomey adjudicó directamente el 70% de obras por valor de 13.000 millones

La adjudicación directa ha primado sobre cualquier otro sistema en la contratación de obras que la Diputación de Guadalajara, presidida por el senador del PP Francisco Tomey, ha otorgado durante la última década. El 70% de los 13.000 millones de pesetas en obras adjudicadas por esa corporación lo han sido mediante contratación directa y directa con publicidad, según un estudio del PSOE. Sólo un 1% salió a subasta. El resto de las obras se ejecutaron por Administración de la Diputación (17%) y del Ayuntamiento (12%).

La Fiscalía Anticorrupción investiga las obras del senador del Partido Popular. Entre 1983 y 1994, periodo estudiado por la oposición socialista, la corporación que preside Tomey otorgó obras por 13.402 millones de pesetas. De esta cantidad, 9.479 millones fueron adjudicados por el procedimiento de contratación directa y directa con publicidad; 2.277 por Administración de la propia Diputación; 1.553 por Administración del Ayuntamiento; tres por Administración de las Mancomunidades; y sólo 88 millones mediante subasta. La nueva ley de Contratos obliga desde 1995 a sacar a subasta cualquier obra de más de cinco millones de pesetas. Las obras por Administración son aquellas que se ejecutan con material y mano de obra de la propia corporación con el objeto de conseguir una mayor celeridad y economía. Un informe provisional del síndico de la Cámara de Cuentas de Castilla-La Mancha, remitido a la Fiscalía Anticorrupción, asegura que la Diputación de Guadalajara subcontrataba estas obras a empresarios colaboradores y que estos ejecutaban más del 50% permitido por el Reglamento General de Contratación.

Según el citado informe, hay indicios "de responsabilidad contable en el uso y aplicación" de parte de los 15.000 millones de pesetas recibidos como subvención por la Diputación de Guadalajara durante el período comprendido entre 1993 y 1996.

En una muestra de ocho obras elegidas al azar, el síndico Miguel Ángel Cabezas ha detectado 32 facturas sin justificar. De los 125 millones de pesetas recibidos como subvención para esas ocho obras, 35 están sin acreditar. Además, algunas de las obras se iniciaban y pagaban antes de ser aprobadas.

Ahora, el estudio llevado a cabo por la oposición socialista asegura que las bajas obtenidas sobre el presupuesto inicial de la obra fueron de un 3,54% en las otorgadas por adjudicación directa y directa con publicidad; de un 0,56% en las adjudicadas mediante subasta; y de un 0,11% en las ejecutadas con medios y personal de la propia Diputación.

Contratistas

Con relación a los contratistas, los hermanos Oliver fueron los más beneficiados con 1.228 millones (13,53% del total); seguidos de los Hermanos De la Fuente SA (Herfusa), que consiguieron 824 millones en obras (9,16 %); Hermanos Lorenzo, SA, 809 millones (8,69%); Fersan Obras Urbanismo, SL, 451 (4,86%); Jesús Benito Parrilla, 418 (4,4%); Hermanos Garfella, SA, 335 (3,54); Crespo Toledano, SL, 305, (3,31%); Espavisa, 292 (3,11); Miguel Muñoz Rosa, 221 (2,39%); Crespo e Hijos, CB o Hercres SL, 223 (2,38%); Eugenio Cano Benito, 208 (2,23%); Manuel de Agueda e Hijos, CB, 208 (2,20%). Otros 240 contratistas más obtuvieron el 40,18% restante de las obras. Fuentes de la oposición socialista señalan que hasta el año 1995 no existió comisión de contratación en la Diputación que, desde hace 17 años, preside Francisco Tomey. Hasta entonces, todas las obras otorgadas por esa corporación se adjudicaron por la comisión de Gobierno, órgano de decisión que lo integran únicamente representantes del PP. "Hasta que no se creó la comisión de contratación no sabíamos nada de las obras", señalan fuentes de la oposición.

José Antonio Mínguez, delegado de obras de la Diputación, no pone en duda los porcentajes que apunta la oposición pero destaca que "todas las obras aprobadas por esta corporación lo han sido con informes previos de los técnicos y del servicio jurídico. Todo ha sido perfectamente legal y fue aprobado en pleno".

Mínguez dice no recordar si existió o no comisión de contratación hasta 1995. Tampoco recuerda la fecha en la que se creó esta última. "Tenemos la conciencia tranquila. Hemos actuado con total honradez y por el bien de Guadalajara".

El delegado de Obras Públicas y representante del PP, cuestiona el informe de la Cámara de Cuentas de Castilla-La Mancha. En su opinión, hay "incongruencias y errores" en las afirmaciones del síndico "que se aclararán pronto". El informe no será firme hasta que la Diputación presente sus alegaciones.

Informes del Tribunal de Cuentas destacan que en la década de los 80 hubo un exceso de adjudicación directa, tanto en las corporaciones gobernadas por el PSOE como en las del PP.