Investigados en España 10 casos de mutilación genital a niñas africanas

Francia vive estos días su primer macroproceso contra la ablación. Veintiocho personas están acusadas de permitir o, en el caso de la curandera, de practicar a 48 niñas la extirpación parcial o total de sus genitales. Arraigada fundamentalmente en amplias regiones de África, esta costumbre milenaria ha comenzado a extenderse a los países occidentales a medida que éstos han ido acogiendo a comunidades de inmigrantes que la llevan practicando desde generaciones. En España, los casos investigados en los últimos años no llegan a la decena. Pero son sólo los conocidos.

"Conozco mujeres cuyas hijas han sido mutiladas aquí, aunque otras han sido llevadas a sus países. Se hace. Yo he hablado con ellas. Y seguramente hay gente aquí que sabe hacerlo". La portavoz de la Asociación SOS África, con sede en Barcelona, no quiere que aparezca su nombre. Algo que demuestra el secretismo que sigue rodeando el rito de la mutilación genital femenina, especialmente si se práctica de forma clandestina en países donde está penado, como es el caso de España, donde constituye un delito de lesiones castigado con penas de seis a doce años de prisión.

El Código Penal rebaja la pena en uno o dos grados "si ha mediado el consentimiento válido, libre, espontánea y expresamente emitido del ofendido", pero no considera válido el consentimiento otorgado por un menor de edad.

En Cataluña no han vuelto a registrarse denuncias de esta práctica desde que en 1993 juzgados de Girona abrieron investigaciones en relación con la infibulación de tres niñas gambianas, descubierta por el personal médico del hospital Josep Trueta. La policía no pudo localizar a la mujer que había practicado la operación y que había regresado a Gambia. Pero la titular del Juzgado número 4 de Girona obligó a los padres de una de las menores a volver a intervenirla quirúrgicamente para evitar complicaciones, ya que a la niña sólo le habían dejado un pequeño orificio para poder orinar. Poco después se investigaron otros dos casos en Girona y Mataró. En este último, el juez no actuó contra los padres de la pequeña por considerar que era una costumbre ancestral y que ésta se llevo a la práctica debido a su desinformación.

Un caso más reciente tuvo lugar el verano pasado en Palma de Mallorca. El Grupo de Menores de la Policía investigó la posible escisión (corte del clítoris) de una niña de tres años de edad. Las diligencias se abrieron a instancias de la fiscalía, tras la denuncia de un particular que tenía relación con la pequeña. A partir de entonces, las pesquisas se centraron en determinar, entre otras pruebas mediante un informe forense, la antigüedad de las lesiones. Con ello se pretendía establecer si la operación tuvo lugar en la ciudad española, al contrario de lo que sostenían los padres, que aseguraban que se realizó en su país de origen.

La investigación sigue en marcha, pero, según afirma el teniente fiscal Ladislao Roig, tienen prácticamente descartado que se hiciera aquí. "Creemos que tuvo lugar en su país, durante un viaje de la madre y la niña, y en contra de la voluntad del padre, que se quedó en España". Si bien los padres no pudieron acreditar al principio de la investigación que hicieron dicho viaje, posteriormente han aportado un certificado de un médico del país de origen que asegura haber llevado a cabo personalmente la ablación.

"En estos momentos", precisa Roig, "se intenta comprobar por vía consular la validez de ese certificado". Si se confirma este extremo, la fiscalía pedirá el archivo de las diligencias por falta de competencia, al haberse producido la intervención fuera del territorio español. Al margen de este caso, añade el fiscal Roig, "no se ha detectado ningún otro en la comunidad inmigrante de Baleares ni hay sospechas de que haya ninguna persona aquí que pueda estar practicando estas operaciones".

Si la práctica de la ablación no ha llegado en España a las proporciones alarmantes que ha alcanzado en Francia -aunque no hay estadísticas oficiales, la Comisión para la Abolición de las Mutilaciones Sexuales estima que han debido de realizarse miles de operaciones-, ello se debe a que la inmigración que reciben ambos países es muy diferente cualitativa y cuantitativamente. Según datos de la Oficina de Migraciones, de los 142.816 residentes de países africanos en España, 111.000 proceden de Marruecos, en donde no se mutila a las niñas.

Los residentes originarios de países donde se practica la mutilación genital no superan los 20.000. Sólo Gambia y Senegal despuntan con más de 5.000 inmigrantes, adultos incluidos, repartidos por el territorio español. Una situación muy diferente a la del país vecino, donde sólo en la región de París 4.500 niñas de origen africano corren el riesgo de padecer la extirpación de sus genitales, según la Asociación Mujeres Solidarias.

Con motivo de los casos ocurridos en Cataluña, el Parlamento regional aprobó por unanimidad en el año 1993 una proposición no de ley en contra de la mutilación genital que instaba a la Generalitat a comunicar al Gobierno central los casos descubiertos con vistas a adoptar las medidas legales pertinentes. Asimismo pedía al Ejecutivo catalán que proporcionase más información entre las comunidades de inmigrantes para evitar la proliferación de esta práctica.

Otras iniciativas parlamentarias se han sucedido en los ámbitos nacional y europeo. El pasado mes de noviembre, la Comisión Mixta de los Derechos de la Mujer aprobó una proposición no de ley relativa a la ablación. Además de solicitar al Gobierno que continúe apoyando, a través de foros como la ONU, Unicef o la Organización Mundial de la Salud, campañas de información en materia sanitaria y programas socioeconómicos en los países en que la mutilación genital femenina perdura, el texto instaba al Ejecutivo a "desarrollar, en colaboración con las comunidades autónomas, políticas de información y formación dirigidas a las comunidades de emigrantes". También a realizar un seguimiento exhaustivo de estas prácticas en nuestro país. Por su parte, el Parlamento Europeo, en una resolución de 1997, instó a todos los Gobiernos de la Unión Europea a emprender acciones legales contra las personas que practiquen la mutilación de forma clandestina en los países miembros y a fortalecer la legislación referente a la ablación.