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El Gobierno ve correcta la carta que propició la recalificación de terrenos de Farnós en Benicàssim Sánchez Peral informó de proyectos de obras

EL PAÍS El Gobierno no ve ningún comportamiento irregular en la carta que remitió su subdelegado en Castellón, Vicente Sánchez Peral, al alcalde de Benicàssim para desbloquear la modificación del PGOU, que permitió la recalificación de unos terrenos propiedad del consejero de Sanidad, Joaquín Farnós. Según el Ejecutivo, el escrito se enmarca exclusivamente en un contexto de ideas de futuro.

En respuesta a una pregunta parlamentaria del diputado de Nova Esquerra en el Congreso Ricardo Peralta, el Gobierno de José María Aznar señala que la comunicación remitida al alcalde de Benicàssim tenía como objeto informar sobre las gestiones que el Ayuntamiento realiza ante el Ministerio de Fomento y que el presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, impulsa. Según la contestación gubernamental, Fabra informó al subdelegado del Gobierno, Vicente Sánchez Peral, para que informase al alcalde sobre las "previsiones de obras a realizar en dicho término municipal". El secretario de Estado de relaciones con las Cortes, José María Michavila, recalca que la carta "debe enmarcarse exclusivamente en el contexto de ideas de futuro", sin que en ella se hiciera mención a "previsiones presupuestarias ni temporales". La carta de Vicente Sánchez Peral y otra misiva remitida por el consejero de Economía, José Luis Olivas, facilitaron la aprobación de una modificación en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Benicàssim que incluía la recalificación de un solar en primera línea de playa propiedad del consejero de Sanidad, Joaquín Farnós. El alcalde, el popular Alejandro García, esgrimió las cartas remitidas por Sánchez Peral y por Olivas -en la que se comprometía a proyectar un palacio de congresos- para lograr los votos del partido Asociación de Residentes y Veraneantes de Benicàssim y aprobar la modificación urbanística.

El alcalde de Benicàssim mantiene el recurso contra la sentencia que da parcialmente la razón a Farnós

El consejero de Sanidad, Joaquín Farnós, tras levantarse la polémica por la modificación en el PGOU en la que se recalificaban sus terrenos esgrimió una sentencia del Tribunal Superior de Justicia que, a su entender justificaba un cambio beneficioso a sus intereses. Sin embargo, la sentencia sólo reconocía que se había vulnerado el principio de equidistribución de los beneficios y cargas del planeamiento realizado por la anterior Corporación pero no discutía la potestad del Ayuntamiento de Benicàssim para calificar los terrenos. La sentencia del Tribunal Superior de Justicia fue recurrida de oficio por el Ayuntamiento de Benicàssim, ahora gobernado por el PP, aunque el alcalde expresó su intención de retirar el recurso de casación ante el Tribunal Supremo. Sin embargo, tres meses después de la polémica el alcalde, Alejandro García, no ha dado orden de retirar el recurso. Una decisión que, de adoptarla, según sus abogados, podría provocar una acusación de prevaricación. Así las cosas, el Ayuntamiento de Benicàssim ha optado por mantener el recurso aunque sin ningún entusiasmo. Tras la recalificación aprobada por la Corporación municipal, los terrenos de Farnós -2.500 metros cuadrados en primera línea de playa- pasaron de tener un uso terciario 1 y zona verde a ser de uso terciario 2, catalogación que permite el doble de edificabilidad en el área y que, consecuentemente, multiplica el valor del solar del consejero de Sanidad. Así, Joaquín Farnós gana 900 metros cuadrados para edificar, en los que podrá levantar hasta tres alturas y no dos como en el resto de terrenos. El consejero queda eximido por las autoridades municipales de cumplir otras normas urbanísticas de la localidad, ya que podrá ocupar la parcela al 100% y la porción de parcela libre a la que están obligados todos los propietarios no será exigible. La polémica desatada por la modificación urbanística que incluía la recalificación de los terrenos de Farnós tras los escritos remitidos por el subdelegado del Gobierno y el consejero de Economía provocó airadas reacciones en los partidos de la oposición que acusaron al Partido Popular de utilizar las instituciones para su beneficio personal y de presionar desde el propio Gobierno valenciano para lograr que uno de sus consejeros obtuviese una mejor valoración económica de unos terrenos de su propiedad.

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