"Sería un éxito que 15.000 trabajadores se acogieran al contrato de sustitución en 5 años"

El consejero de Justicia, Trabajo y Seguridad Social, Sabin Intxaurraga (Zeanuri, Vizcaya, 1949) va a forzar la máquina a tope para conseguir que el contrato de sustitución -el relevo de los trabajadores de sesenta años por jóvenes- se pueda materializar a corto plazo. Para Intxaurraga, sería un "éxito" que en los próximos cinco años se acogieran a este contrato entre 10.000 y 15.000 trabajadores de los 55.000 asalariados que potencialmente podrían hacerlo. Pregunta. ¿Cómo se puede bajar el paro del 16,4% actual al 10%, que es la aspiración del Gobierno vasco? Respuesta. La legislatura pasada se consiguió reducir la tasa de desempleo desde un 25% a un 16,4%. Ese mismo salto lo podemos conseguir en esta legislatura porque la coyuntura económica aún es positiva, la implantación del euro va a consolidar esa coyuntura favorable y porque hay un acuerdo muy importante sobre el empleo suscrito por sindicatos y patronal. P. Dentro de ese acuerdo destaca la sustitución de los trabajadores mayores de sesenta años por otros más jóvenes. ¿Cuánto dinero va a aportar el Gobierno vasco para materializar ese acuerdo? R. Este acuerdo va a posibilitar la inserción en el mercado de trabajo de los colectivos más desfavorecidos, como los jóvenes (33,7% tasa de desempleo entre los menores de 25 años) y las mujeres, lo que va a redundar positivamente en la competitividad de las empresas. Hemos hecho una serie de estimaciones y pondremos los recursos necesarios para que el pacto llegue a buen puerto. Una parte del costo será asumida por las propias empresas, otra por el Gobierno vasco y otra por la Administración central. Cuando se despeje la incógnita de la financiación que aporta Madrid, nos entrevistaremos con Confebask. P. ¿En cuánto tiempo puede estar cerrado el acuerdo sobre la forma de financiar el contrato de sustitución? R. Si no hay ningún obstáculo por parte de la Administración central, creo que es previsible que en dos meses esté listo. Lo que pasa es que materializarlo llevará más tiempo porque el Gobierno está funcionando con presupuestos prorrogados y hasta que no se aprueben las cuentas de este año el acuerdo no se podrá poner en práctica. P. Pero al menos barajará unas cifras aproximadas. R. Las ayudas que facilitará el Gobierno vasco a las personas que se van a incorporar al mercado variarán en función de las características de cada trabajador. Las aportaciones serán superiores en la medida en que logremos incorporar a los colectivos que están en una situación más grave. No se trata sólo de un acuerdo para facilitar la renovación de plantillas, sino que es un acuerdo solidario destinado a los colectivos con más dificultades para insertarse en el mercado de trabajo. P. Hasta ahora el Gobierno se ha mantenido en un segundo plano. ¿Va a abandonar esa posición? R. Evidentemente. Desde que tomé posesión de mi cargo anuncie a los sindicatos y a Confebask que el acuerdo sobre el contrato de sustitución no podía llegar cerrado al Gobierno. En la medida en que necesita la aportación presupuestaria del Gobierno, el acuerdo tenía que llegar abierto. A partir de ahora, es posible que haya que matizar algunos aspectos, aunque tomando el acuerdo en su globalidad. P. ¿Es partidario de crear un impuesto específico para ayudar a la financiación del acuerdo en el caso de que el costo de implementación sea elevado? R. Si los recursos del Gobierno no son suficientes, soy partidario de establecer un nuevo impuesto. Pero eso ya se verá; todo está en función de las personas que se acojan a la medida. Si los recursos existentes dan para financiar el contrato no hay necesidad de crear una nueva figura impositiva. Para el Gobierno sería un éxito que de los 55.000 trabajadores que potencialmente pueden acogerse a la medida, sean sustituidos entre 10.000 y 15.000 en cinco años. P. ¿Cómo va a conseguir el Gobierno conciliar las posiciones entre sindicatos y patronal en torno a la jornada de 35 horas? R. La jornada de 35 horas es una conquista social que va a llegar. No soy de los que piensan que la implantación de las 35 horas vaya a generar muchísimos puestos de trabajo, pero es una medida más, encaminada a favorecer la inserción de algunos colectivos. No hay ningún prejuicio por parte de los empresarios en contra de la jornada de 35 horas en la medida en que se garantice la competitividad y el mantenimiento de la productividad. P. La semana pasada se entrevistó con el nuevo ministro de Trabajo. ¿Cómo va a desbloquear la negociación de las transferencias del Inem y de la gestión de la Seguridad Social? R. Ví que las posiciones siguen enquistadas. No preveo que a corto plazo se puedan materializar las trasferencias del Inem y de la Seguridad Social. P. ¿Eso significa que el Estatuto de Gernika no es el lugar de encuentro para conseguir esos traspasos, que es necesario buscar otro punto de acuerdo? R. Hay que superar el déficit que tiene el Estatuto. Son necesarias herramientas para desarrollar las políticas que se van a diseñar a nivel europeo. Nos vendría muy bien que el Parlamento vasco tuviera capacidad legislativa para poner en marcha el contrato de sustitución, pero hoy por hoy no es posible. La normalización de Euskadi llegará a través de un acuerdo político, basado en el reconocimiento de la autodeterminación del pueblo vasco. Eso abrirá puertas y permitirá el acuerdo entre nacionalistas y no nacionalistas. Y una materia de ese nuevo acuerdo es la socio-laboral. P. Después de unos meses de intensa conflictividad en la Justicia por el uso de traductores de euskera, la tensión se ha diluido. ¿Por qué, si se sigue empleando la traducción en los juzgados? R. Entra dentro de la lógica que si Euskadi es bilingüe poco a poco se vaya implementando el euskera en todos los niveles administrativos. Nos tendremos que congratular de ese descenso en la conflictividad. Es posible que en el pasado no se guardaran las formas. Por eso abogo por mantener las formas porque el Gobierno siempre ha garantizado a euskaldunes y castellanoparlantes su derecho a utilizar el idioma que quieran. P. ¿Ha fijado algún contacto con el Gobierno central para despejar el traspaso de las prisiones? R. Desde el punto de vista técnico no hay ninguna dificultad para la trasferencia de los centros penitenciarios. Para el Gobierno vasco las prioridades se centran en las trasferencias en materia sociolaboral y los centros penitenciarios. Espero hablar este primer semestre con Madrid sobre la cuestión para ir despejando el camino.