La única respuesta

El Gobierno está reaccionando a las acusaciones de desatención médica a los inmigrantes ilegales, un problema sanitario y legal que amenazaba con extenderse rápidamente para escándalo de la sensibilidad democrática de la sociedad española. El compromiso del nuevo ministro de Trabajo de facilitar tarjetas sanitarias a los hijos de inmigrantes sin documentación para que puedan ser atendidos de forma continuada en los centros del Insalud es la solución que se esperaba para poner fin a los bochornosos casos de rechazo o de atención inadecuada a los menores sin papeles. Y de paso, para hacer efectiva la universalización de la atención sanitaria, uno de los principales activos que consiguieron los socialistas en su paso por la administración. El Ejecutivo y el Insalud han insistido en que se ha atendido escrupulosamente a los menores; pero casos como el del inmigrante Juan Carlos Romero, al que se presentó una factura médica de 156.000 pesetas y fue demandado judicialmente por no poder pagarla -denuncia que felizmente se ha retirado-, demuestran que los centros sanitarios actuaban de forma descoordinada, sin normas inequívocas y cometiendo, con intención o sin ella, esporádicos atropellos al derecho de los niños a la atención gratuita.Que los centros del Insalud faciliten asistencia gratuita a los hijos de inmigrantes con independencia de su situación legal no es generosidad. La atención sanitaria a los menores está garantizada por la Ley de Protección del Menor de 1996. Es ilegal pedir una sola peseta por la prestación sanitaria en un centro público.

El Gobierno, empujado por la irritación social que ha producido la desatención a los niños indocumentados, pretende dar un paso más. El ministro de Sanidad, Romay Beccaría, anunció ayer que se tomarán las medidas oportunas para que también los inmigrantes mayores de edad -las estimaciones al uso sitúan su número entre los 60.000 y los 150.000- dispongan de la documentación que les permita recibir la atención sanitaria en igualdad de condiciones que el resto de los españoles. Es una respuesta que merece ser apoyada y defendida siempre que, al mismo tiempo, para no caer en la demagogia de pasar de un lado al otro del péndulo, el Gobierno calcule con precisión y comunique a los ciudadanos cuál es el coste económico de esta decisión y su impacto sobre el Estado de bienestar. Será, seguramente, una cantidad asumible. Pero los ciudadanos también deben saber que la actual propuesta del ministro Romay es una rectificación en toda regla de las posiciones que el PP defendía hasta la semana pasada, mucho más restrictivas con los derechos de los inmigrantes, como lo demuestran las enmiendas presentadas a la reforma de la Ley de Extranjería y retiradas ahora. Bienvenida sea la marcha atrás.