Bienestar Social dice que no tiene obligación legal de construir geriátricos en Barcelona

La Generalitat de Cataluña no tiene obligaciones legales en la creación y mantenimiento de geriátricos, se afirma en un documento del Departamento de Bienestar Social distribuido entre las asociaciones de la tercera edad. El departamento cita el Decreto de Servicios Sociales de 1994 para afirmar que "sólo tiene la obligación de prestar estos servicios en las comarcas con menos de 50.000 habitantes". [EN] Jordi Pujol, presidente de la Generalitat, y Joan Clos, alcalde de Barcelona, acordaron ayer rebajar la tensión entre ambas administraciones en la polémica sobre la falta de residencias de ancianos.

Las asociaciones de la tercera edad que forman parte del Consell de la Gent Gran recibieron hace cuatro días un extenso informe del director del Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Sociales (ICASS) del Departamento de Bienestar Social, Víctor Bayarri, sobre la polémica que enfrenta a la Generalitat y al Ayuntamiento de Barcelona por la falta de residencias en la ciudad. En él asegura que la Generalitat no tiene obligación legal en materia de geriátricos en comarcas con una población superior a 50.000 habitantes. El informe añade: "Otra cosa es la actuación que con carácter voluntario ha hecho la Generalitat para asegurar la mejor cobertura posible de estos servicios en Cataluña, incluida Barcelona. Por tanto, hay que considerar desde un punto de vista competencial que la posibilidad de ejercer competencias lo es tanto por parte de la Generalitat como por el Ayuntamiento". Para reafirmar su argumentación, el departamento cita los artículos 19 y 24 del Decreto de Servicios Sociales de 1994. Éstos, sin embargo, no especifican que sean los ayuntamientos los que tienen competencias exclusivas en la materia. El Partit del Socialistes (PSC) se ha mostrado sorprendido. La diputada Rosa Barenys señala: "Estos artículos sólo dicen que las competencias son del sector regional, es decir, de las futuras veguerías, una institución que todavía no existe en materia de servicios sociales y que, en cualquier caso, dependería de la propia Generalitat". Mientras la polémica se extiende, el alcalde de Barcelona, Joan Clos, y el presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, abordaron ayer esta cuestión en la entrevista que celebraron y acordaron rebajar la tensión institucional. "Nos gustaría dar por acabada la polémica que se ha suscitado", afirmó Clos a la salida de la reunión. El alcalde dejó claro, sin embargo, que una cosa es intentar encontrar un clima de colaboración institucional y otra muy distinta las iniciativas que puedan tomar los partidos políticos. Mientras Clos y Pujol hacían propósitos de paz, el secretario de organización de CDC, Felip Puig, salía en defensa de Comas y arremetía contra la postura del Ayuntamiento. PÁGINA 5