El Parlamento rechaza investigar el vertido y reprobar a tres consejeros
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No habrá ni comisión parlamentaria de investigación del vertido tóxico de minas de Aznalcóllar (Sevilla) ni se reprobará a tres consejeros por su actuación en el desastre. La Comisión de Medio Ambiente de la Cámara andaluza rechazó los puntos "más políticos" de los votos particulares presentados por IU y PP al informe elaborado por un grupo de diputados sobre los trabajos de limpieza y recuperación de la cuenca del Guadiamar, cuyo pago, coincidieron todos, tendrá que afrontarlo Boliden Apirsa.
IU y PP presentaron dos votos particulares al informe del grupo de trabajo parlamentario, respaldado por los aliados en el Gobierno andaluz (PSOE y andalucistas). El informe no debía convencer demasiado, ya que su propio ponente, el socialista Pedro Rodríguez de la Borbolla, reconoció que el PSOE presentará enmiendas al texto cuando pase por el pleno mientras el PA admitió a la primera el grueso de los votos discrepantes de la oposición. La oposición reprochaba fundamentalmente que el informe procurase "minimizar" el impacto del vertido, sólo recogiese los datos sobre el desastre de la Administración autonómica y que se acusara a los medios de comunicación de haber exagerado el problema. El PP elevaba el listón con la solicitud de una comisión de investigación -reclamada desde tiempo atrás por IU- y de que se reprobara a los consejeros de Medio Ambiente, José Luis Blanco; Industria, Guillermo Gutiérrez, y Salud, José Luis García de Arboleya, "por la irresponsabilidad que han supuesto las continuas discrepancias entre sus departamentos y el consecuente coste adicional de las mismas". El representante del PA, Ildefonso dell"Olmo, admitió que la rotura de la balsa ha sido una "catástrofe de gran magnitud, tan importante como la contaminación nuclear de la bomba de Palomares (Almería)", pero reprochó el que se haya utilizado el vertido "como arma arrojadiza", creando "un alarmismo injustificado, dañino para Andalucía". Dell"Olmo y De la Borbolla subrayaron que la limpieza del Guadiamar ha sido "un ejemplo para Europa" e incluso el segundo aventuró, ante la incredulidad gestual de sus adversarios, que la zona afectada quedará "mejor que antes del vertido". No convencieron estos argumentos a la oposición, que insistió en que se incluyeran sus votos discrepantes a un dictamen que, según la popular Beatriz Martínez Obando, sólo ha sido un intento "de lavar la cara al Gobierno andaluz". Sí lograron introducir el grueso de sus propuestas en el informe que finalmente se elevará al pleno del Parlamento -salvo la comisión y la reprobación-, debido a que los socios de Gobierno remacharon que habrá que esperar al final de la investigación judicial para depurar responsabilidades penales y políticas. Pese a ello, Manuel López Calvo, de IU, exigió el cambio inmediato de los tres consejeros afectados por el siniestro, así como de la ministra de Medio Ambiente, Isabel Tocino. La saga de Aznalcóllar siguió por la tarde en la comisión de Industria, donde el consejero del ramo, Guillermo Gutiérrez, reafirmó que la Junta es partidaria de reabrir la mina, siempre que cumpla todas las condiciones legales exigidas, y que está a la espera de los informes de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y del Instituto Tecnológico Geominero para tomar la decisión definitiva.
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