Campofrío asegura a los sindicatos que contratará un mínimo de 300 trabajadores de la cárnica Molina
Campofrío garantizó ayer a los sindicatos que, "como mínimo", 300 trabajadores de Molina accederán a la nueva empresa que va a crear tras la liquidación de la cárnica jiennense. Además, según fuentes sindicales, el grupo burgalés cree que en dos o tres años su volumen de empleo puede llegar a 500 trabajadores, con lo que asumiría la totalidad de la plantilla que ahora tiene Molina. Directivos de Campofrío detallaron a sindicalistas de UGT, CC OO y CGT el plan industrial para poner en marcha una marca que implicará una inversión de 4.000 millones. El grupo creará una empresa filial, para la que se baraja el nombre de Campocarne Andalucía, y constituirá una bolsa de trabajo con los empleados de Molina que queden fuera del proyecto inicial. El secretario regional de Alimentación de UGT, Juan Lanzas, dijo que Campofrío mantendrá toda la actividad que ahora tiene Molina y añadirá otras líneas, para lo que construirá un nueva factoría en los terrenos anexos al complejo industrial. La producción se mantendrá, agregó Lanzas, aunque sea desviando producción propia de Campofrío. "No nos queda más remedio que confiar en lo que nos dicen", añadió. El Consejo de Administración de Molina aprobó el lunes las cuentas de la compañía. Técnicamente se trata de una formulación provisional, pues quien aprueba definitivamente las cuentas es la junta general de accionistas. Ésta se iba a celebrar en enero, pero se aplazó precisamente porque no estaban las cuentas. Aún no se ha fijado fecha para la nueva junta.Los sindicatos representados en el Consejo no acudieron en protesta por el modo en el que el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) está llevando la liquidación de Molina. El consejero de Industria, Guillermo Gutiérrez, desgranó ayer en el Parlamento andaluz la situación de esta empresa, que ha cerrado 1998 con 327 millones de pérdidas. Gutiérrez dijo que se esperaban perder sólo 47 millones, pero que el anuncio de sanciones de la Comisión Europea frustró un contrato con Azerbayan, la firma de otros con Pryca o Continente, canceló líneas de crédito y descuento y llevó a los proveedores a negarse a cobrar con retraso, informa Jorge A. Rodríguez.
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