Primera querella por la muerte de un jubilado en el lago de Banyoles La familia del fallecido acusa de homicidio al Ayuntamiento y a Fomento

Dos familiares de un ciudadano francés que murió ahogado el pasado 8 de octubre en el naufragio del catamarán La Oca, en el lago de Banyoles, donde perecieron 21 jubilados franceses, han decidido personarse como acusación particular en el sumario del caso que instruye la juez Montserrat Bastit. Para ello han presentado una querella -la primera por este accidente- en la que responsabilizan de la muerte de su familiar a la empresa propietaria de la barca, al Ministerio de Fomento y al Ayuntamiento de Banyoles, entre otros.

La querella fue presentada en el Juzgado de Instrucción número 7 de Girona, donde se instruyen las diligencias del caso, por Odette Meignan y Denis Meignan, viuda e hijo, respectivamente, de Joseph Meignan, fallecido en el accidente. En el escrito se detallan las presuntas responsabilidades de los principales imputados por la muerte de Meignan y las lesiones psicológicas que la muerte produjo en su viuda, "para las que necesita tratamiento médico a fin de mantener la integridad de su salud mental". En la querella figuran como principales responsables de la muerte de Meignan la agencia que organizó el viaje de los jubilados franceses, Carré Evasion International; su aseguradora, FIATC; la empresa de los propietarios de la barca, Bartolomé Gayolà y su yerno Simón Rodríguez, actualmente en libertad bajo fianza; el piloto de la nave, y Talleres Pons, que instalaron los motores eléctricos en el catamarán por encargo de los propietarios. También aparecen el alcalde de Banyoles, Joan Solana, y Josep Marsal, el capitán marítimo de Palamós, que depende del Ministerio de Fomento. El razonamiento jurídico que tipifica la querella contra las actuaciones de la agencia de viajes, el naviero, el patrón de la barca, el piloto, el taller de reparación y el Ayuntamiento de Banyoles es "el ánimo de lucro sin observancia de las reglas elementales de prudencia". En cuanto a las posibles responsabilidades del capitán marítimo de Palamós, la querella le atribuye "la inobservancia de sus funciones y la dejación de sus competencias en una zona de navegación fluvial pública y notoria, que denotan su negligencia grave en la omisión de todo control y supervisión del estado de la nave". La querella de los familiares de Meignan fue admitida a trámite parcialmente por la juez Montserrat Bastit en un auto del pasado 15 de enero. La juez tomó en consideración las acusaciones contra los dos propietarios de La Oca y el administrador de Talleres Pons, pero desestimó las posibles responsabilidades en la muerte del jubilado francés del piloto de la embarcación, del gerente de la agencia Carré Evasion International, del alcalde de Banyoles y del capitán marítimo de Palamós. La decisión de la juez de no admitir a trámite la inculpación del alcalde de Banyoles se fundamenta en que "la persona que asumía su responsabilidad en el cumplimiento de la reglamentación sobre la navegación en el lago se concreta en el concejal de Medio Ambiente, Josep Alsina". La juez también señala que no ve "indicios racionales de criminalidad en torno a la conducta seguida desde la Capitanía Marítima de Palamós cuando ésta no practicó las distintas pruebas de estabilidad que debían haberse hecho a petición del armador". Los familiares de Meignan han presentado un recurso de reforma contra el auto judicial que deja sin responsabilidad a las dos administraciones y a la agencia. El abogado de los Meignan, Carlos Rodríguez, insiste en responsabilizar de la tragedia a la agencia de viajes, al alcalde de Banyoles y al Ministerio de Fomento.