Ensayos justificados
Una de las ventajas que los Estados políticamente descentralizados tienen frente a los Estados unitarios es que permiten ensayar con alcance limitado la idoneidad o no de determinadas políticas públicas. Esto es algo tan sabido que ni siquiera se suele resaltar expresamente en los estudios de federalismo, porque se da por supuesto. Obviamente, para que esta ventaja pueda ser aprovechada adecuadamente, es preciso que exista una relación de confianza entre el Gobierno federal y los de los territorios federados. En nuestro país, entre el Gobierno del Estado y los de las comunidades autónomas. El Gobierno del Estado no sólo no debería desconfiar, sino que, al contrario, debería ver la iniciativa que se adopta por el Gobierno de una comunidad autónoma como una posibilidad para resolver un problema con el menor riesgo posible. Por eso no se entiende muy bien que el Gobierno de la Nación esté intentando torpedear la iniciativa de la Consejería de Asuntos Sociales de la Junta de Andalucía de suministrar heroína bajo control médico a toxicómanos o haya sido tan beligerante contra el decreto de las 35 horas. Es verdad que ni la drogadicción ni el paro son problemas fáciles y que no existe un consenso sobre cuál es la mejor forma para abordarlos. Pero no lo es menos que son problemas que preocupan intensamente a los ciudadanos (los dos más preocupantes de acuerdo con el último barómetro del CIS) y respecto de los cuales las políticas ensayadas hasta la fecha no han producido resultados esperanzadores. Puede que la iniciativa de suministrar heroína bajo control médico a los toxicómanos o que el decreto de las 35 horas acaben teniendo más consecuencias negativas que positivas. Pero puede que no. El debate intelectual sobre estas cuestiones viene produciéndose desde hace bastante tiempo y no se han alcanzado conclusiones inequívocas. No tiene ningún sentido pensar que haya que esperar a que el debate progrese algo más, para ver si tales conclusiones se alcanzan. Ambas cuestiones están ya en el punto en el que el ensayo de políticas públicas no sólo no es algo extravagante o caprichoso, sino algo que puede ser justificado de manera objetiva y razonable. Aunque no exista garantía de éxito. Esto es lo que suponen las iniciativas adoptadas por la Junta de Andalucía. Y así deberían ser vistas por el Estado y por las demás comunidades autónomas. No son iniciativas contra nadie, sino iniciativas dirigidas a problemas que se manifiestan de manera particularmente intensa en nuestra comunidad, aunque se trate de problemas generales. No hay ningún motivo para pensar que las iniciativas del Gobierno andaluz son fruto de la improvisación o de la irresponsabilidad. Y, en todo caso, no se puede olvidar que el Gobierno andaluz ha sido elegido tan democráticamente como el del Estado.JAVIER PÉREZ ROYO
