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PATRIMONIO APLAZADO EL DICTAMEN DE LA PROLONGACIÓN DE BLASCO IBÁÑEZ

El Consell de Cultura rechaza mediar para que Barberá reciba a la plataforma de El Cabanyal

El Consell Valencià de Cultura (CVC) vivió ayer la primera de las intensas y largas sesiones que se sucederán a propósito del proyecto municipal de prolongar la avenida de Blasco Ibáñez de Valencia a través de el barrio de El Cabanyal, declarado Bien de Interés Cultural. El pleno del consejo decidió por mayoría aplazar su dictamen a la espera de que se lo demande la instancia pública adecuada y de contar con más información. Pero la cuestión que resultó ser más polémica es la propuesta de que el presidente del CVC, Santiago Grisolía, actúe como mediador ante la alcaldesa Rita Barberá para que ésta reciba a la plataforma Salvem El Cabanyal-Canyamelar. Tras dos votaciones, se rechazó tal posibilidad.

Al igual que dos arquitectos municipales encargados del proyecto, la citada plataforma vecinal se dirigió al CVC para explicar su posición, pero, además, ésta solicitó su intermediación (Grisolía manifestó su predisposición a hacerlo si así lo decidía el pleno del CVC). La mayoría de los miembros designados a propuesta de los partidos de izquierda apoyaron la sugerencia. Entendían, como sostuvo Rosa Serrano, que de esta forma el órgano consultivo continuaría participando activamente en una cuestión de gran actualidad que ha granjeado numerosas opiniones contrapuestas y que el CVC no entrará a debatir directamente hasta que deba pronunciar su dictamen a instancias de la Administración. En la primera votación, se produjo un empate, mientras que en la segunda la propuesta se rechazó por 12 votos en contra (entre ellos, algunos de la izquierda), seis a favor y dos abstenciones. Esto provocó que Ramón Lapiedra (por el PSPV) se adhiriera al voto particular que presentaron Carmen Morenilla y Vicent Álvarez (por EU), con el respaldo de Rosa Serrano, y que viene a pedir un trazado alternativo que no afecte al entramado urbano de El Cabanyal por su valor patrimonial e histórico. La discusión no hizo más que comenzar ayer, pero los consejeros ya van marcando sus posiciones. El texto que se llevó al pleno, aprobado por la comisión de legado con mayoría de miembros del PP y UV, indica que se ha respetar la legalidad vigente, que aún se carece de suficientes conocimientos técnicos y que en caso de aprobarse dicha prolongación "por necesidad de comunicar la ciudad con el mar", se indemnice "suficientemente y con generosidad" a los afectados y se restaure el resto del Cabanyal. Este último enunciado se ciñe a la propuesta municipal. Al final el documento no se sometió a votación porque se acordó aplazar el dictamen y pedir más información. Grisolía comentó que quizá el CVC se había adelantado al tratar el tema antes de que se solitara su dictamen. Álvarez sugirió que el presidente del Consell de Cultura se inhibía para evitar problemas al Ayuntamiento, extremo que Grisolía negó tajantemente. José Maria Morera (por el PSPV) se pronunció también por el aplazamiento porque, según dijo, el anteproyecto aún puede sufrir muchas modificaciones durante su estudio por los técnicos de la Consejería de Cultura, a pesar de que la directora general de Patrimonio, Carmen Pérez, se ha manifestado a favor del anteproyecto municipal. Para prolongar Blasco Ibáñez es necesario desclasificar como BIC una parte del Cabanyal, para lo cual son imprescindibles al menos dos dictámenes favorables de tres instituciones: el CVC, la Real Academia de San Carlos y la Universidad de Valencia, según explicó Morera, ex director general socialista de Patrimonio. En el pleno de ayer, en el que tomó posesión de su cargo como nuevo consejero por el PSPV el escritor Vicente Muñoz Puelles, en sustitución de Vicente Aguilera Cerni, también se aprobó instar al Ayuntamiento y a la Consejería de Cultura a que protegan las alquerías de la huerta valenciana. Por otra parte, Grisolía lamentó al principio de la sesión que hayan trascendido documentos internos que se han reflejado en informaciones periodísticas sobre la asistencia de algunos consejeros a numerosas comisiones para cobrar más dietas.

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