PP y PA impiden una comisión para aclarar las responsabilidades políticas en la tragedia del muro

El debate político sobre el derrumbe del muro del Bazar España, que mató a cinco personas el pasado 31 de diciembre en Sevilla, también sepultó ayer cualquier posibilidad de consenso entre el gobierno y la oposición. Populares y andalucistas cerraron filas para impedir la creación de una comisión de investigación, encaminada a dilucidar si se cometieron irregularidades administrativas que favorecieran la catástrofe. Para justificar su negativa, el PP se parapetó en las diligencias judiciales y el PA, en palabras de Alejandro Rojas Marcos, en que "no hay nada que investigar". La oposición exigió las dimisiones de la alcaldesa, el primer teniente de alcalde y el delegado de Urbanismo.

Ni el PP ni el PA, socios de gobierno en el Ayuntamiento de Sevilla, modificaron un ápice sus planteamientos iniciales. Ayer dieron por zanjado el debate político sobre las responsabilidades de la Gerencia de Urbanismo en el desplome del muro del Bazar España, que mató a cinco personas, y rechazaron la creación de una comisión para investigar si hubo irregularidades administrativas, como exigió la oposición al unísono. "El Ayuntamiento hizo lo que tenía que hacer", sentenció la concejal del PP Carmen Diz, para justificar la negativa del grupo a autorizar la comisión de investigación. Diz, al igual que la alcaldesa Soledad Becerril, se escudó en la instrucción judicial abierta para cerrar la puerta a cualquier intervención política. "Sólo al juez corresponde determinar responsabilidades penales, previas a otras", dijo la edil.Tampoco la alcaldesa entró a fondo en las cuestiones planteadas por la oposición, a la que acusó de aprovechar la catástrofe para comenzar "una batalla política muy especialmente contra mi persona". La intervención del gobierno municipal más clara fue, sin duda, la del primer teniente de alcalde, el andalucista Alejandro Rojas Marcos: "Hemos votado que no porque no había nada que investigar. Todo ha sido explicado, aclarado y debatido". Para el PA, el pleno de ayer cierra el debate sobre la catástrofe. Primero lo advirtió el delegado de Urbanismo, Mariano Pérez de Ayala, al anunciar que sus intervenciones públicas sobre el tema concluían ayer. Después haría lo propio Rojas Marcos: "El debate político ha tenido lugar en el momento oportuno. El equipo de gobierno ha dicho lo que tenía que decir". Y concluyó: "sobre este asunto no hay nada más que decir". "El drama es suyo" El resultado de las tres horas de discusión plenaria dejaron un regusto amargo en los bancos de la oposición. El portavoz de IU, Luis Pizarro, aseguró que la negativa a investigar lo sucedido genera "frustración y desconfianza en los ciudadanos". A su juicio, el gobierno municipal dio ayer una lección "de lo que no debe hacerse en democracia: intentar tapar lo ocurrido". El juicio del portavoz socialista, Carmelo Gómez, fue incluso más agrio: "Este drama es suyo". "Si tienen tan claro que todo es una tergiversación de la oposición, hubieran tenido la oportunidad de callarnos con la comisión de investigación". También el edil del grupo mixto, Ricardo Marqués, lamentó que se hubiera perdido una oportunidad de aclarar el suceso: "El gobierno ha actuado a la defensiva y se ha empeñado en ver una cuestión de baja política de dimes y diretes para intentar desprestigiarlo". Como un recurso simbólico para evidenciar su malestar, la oposición pidió la dimisión de los máximos responsables municipales en materia urbanística. El PSOE, que dirigió sus baterías durante todo el pleno hacia la responsablidad de la alcaldesa, reclamó la dimisión de Soledad Becerril. IU, a su vez, hizo lo propio con el primer teniente de alcalde, Alejandro Rojas Marcos (vicepresidente de la Gerencia de Urbanismo), y el delegado del área, Mariano Pérez de Ayala, a quienes acusa de permitir el mantenimiento del muro "sabiendo como estaba". La sesión de ayer, aunque infructuosa para la oposición por el resultado, permitió cotejar sobre el mismo escenario los distintos pareceres. Además de acusar al gobierno de ocultar que el 60% de la parcela era de titularidad municipal -extremo rechazado por la alcaldesa y el delegado de Urbanismo-, insistieron en la ausencia de explicaciones oficiales sobre las causas que provocaron el desplome del muro. El concejal Luis Pizarro (IU), después de recordar que el Ayuntamiento conoció el mal estado de las edificaciones del solar en 1977 y que una sentencia del TSJA declaraba la ruina del edificio en 1984, arremetió contra la Gerencia de Urbanismo por conceder "irregularmente" la licencia de demolición y "autorizar un muro de cerramiento de solar que no se ajusta a la legalidad". Pese a ello, señaló Pizarro, Urbanismo otorgó la autorización el 1 de abril de 1998. El delegado de Urbanismo, Mariano Pérez de Ayala, replicó que no este cerramiento no se había autorizado de forma irregular. "La obra de demolición no estaba finalizada, era una obra viva con dos fases, una de demolición interior y otra posterior del muro de fachada", argumentó. Pérez de Ayala reprochó a la oposición "las lecturas parciales" de los informes y su "condena" previa de la actuación del gobierno.