La Audiencia Nacional condena a Fomento por un siniestro mortal en un 'punto negro'

La Audiencia Nacional ha condenado al Ministerio de Fomento al pago de 63 millones por un accidente mortal en un punto negro de la N-I. El siniestro provocó la muerte de una persona y heridas graves a otras dos. La sentencia, que es respuesta al recurso planteado por una compañía de seguros que tuvo que indemnizar con 84 millones a la familia del asegurado, hace responsable al ministerio al atribuir el mal estado de la carretera al " funcionamiento anormal de los servicios públicos", ya que el lugar era un "punto negro". Fomento ha recurrido la sentencia ante el Supremo.

El accidente se produjo a la altura de Lozoyuela, cerca de Madrid. Ocurrió a las 21.30 horas del 22 de abril de 1994. Llovía. Un Ford Orion hizo aquaplaning y se estrelló contra una farola en el kilómetro 66,5 en dirección a Madrid. Como consecuencia del siniestro, dice la sentencia, la aseguradora del accidentado, Pelayo Mutua de Seguros, tuvo que abonar 84,3 millones de pesetas. La compañía reclamó esa cantidad al Ministerio de Fomento (entonces de Obras Públicas) a quien atribuía la responsabilidad del accidente por ser el encargado del mantenimiento de la carretera.Pelayo fundamentaba la reclamación en que los daños se derivan del funcionamiento anormal de los servicios públicos, ya que, "dado el mal estado de la carretera en el lugar del accidente, con zonas de inferior nivel en su parte interior, se ocasionaba una acumulación de aguas pluviales, produciéndose una lesión real, efectiva, evaluable económicamente e individualizada entre causa y efecto".

La sala de lo contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional -cuyo fallo, emitido el 28 de abril de 1998, se conoce ahora- asume los argumentos de la aseguradora, a quien Fomento negó la indemnización. En la sentencia se afirma que los particulares tienen derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos, según el artículo 106.2 de la Constitución.

Causalidad directa

Para que concurra tal responsabilidad patrimonial de la Administración, se afirma, debe haber un hecho imputable a la Administración en el desarrollo de su actividad; un daño que el que lo sufre no tiene por qué soportarlo; debe producirse una causalidad directa entre el hecho que se le imputa y ausencia de fuerza mayor.Todas estas circunstancias concurren en el accidente, como acreditaba el informe de la Guardia Civil. De este informe se desprende que las causas del accidente son "la falta de dibujo en los neumáticos de las ruedas posteriores, la falta de drenaje en el carril izquierdo y el mal peraltado, que hacía que se acumulara el agua de lluvia".

En los fundamentos de la sentencia, la Audiencia determina una clara relación entre el mal diseño de la carretera y el accidente, ratificada en la reconstrucción del siniestro por la Guardia Civil, que dictaminó que el lugar del accidente es un "punto negro", al haberse producido más accidentes, lo que revela "el incorrecto desenvolvimiento de los servicios públicos a la hora de solventar y corregir determinados defectos observados en la red viaria". Como en el accidente concurrió, "aunque de modo insuficiente", la falta de dibujo de los neumáticos, la Audiencia reduce al 75% la cantidad reclamada. El otro 25% restante es imputable al asegurado por no mantener en buen estado los neumáticos de su coche.

Ésta es la segunda sentencia que se conoce en la que Fomento es condenado por el mal estado de una carretera. La misma Audiencia condenó también al ministerio a indemnizar con 17,5 millones a la familia de un automovilista que falleció en el kilómetro 125 de la N-VI en mayo de 1992. Fomento también fue condenado por un accidente de 1993 en la N-VI, en Lugo, aunque las circunstancias fueron distintas: un coche chocó contra un jabalí que invadió la carretera. El conductor resultó ileso, no así el coche. El ministerio pagó 331.000 pesetas por no haber mantenido en buen estado la valla que protege la carretera.

En el ministerio no consta que se hayan producido más, según su portavoz. El director de la Asociación Española de Carreteras, Aniceto Zaragoza, desconoce otros antecedentes, pero manifiesta que los factores de los accidentes "son un convencionalismo que cambia con el tiempo. Ahora, la sociedad exige más y no acepta el cartel de "carretera en mal estado".