Querella contra Farnós por desvelar datos personales
El presidente del Colegio de Farmaceúticos de Castellón, Mario Molina, ha presentado una querella contra el consejero de Sanidad, Joaquín Farnós, por hacer públicos unos datos reservados y personales sobre los beneficios obtenidos en su farmacia. Molina solicita además en su escrito el embargo de los bienes del consejero, hasta un valor de 40 millones de pesetas, para hacer frente a las posibles sanciones que se le impondrán en el caso de sea declarado culpable. La revelación de datos reservados de carácter personal está penada en el Código Penal con penas de entre dos y cuatro años de prisión y con la inhabilitación para el desempeño de empleo o cargo público de entre uno a tres años. La condición de aforado de Joaquín Farnós ha obligado a que la querella se presentara ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, hecho que se produjo en la mañana de ayer. En el caso de que sea admitida a trámite y se mantenga el proceso, las Cortes Valencianas deberán certificar la condición de aforado del consejero. Los hechos a los que se refiere la querella datan del pasado mes de diciembre. El máximo responsable de la sanidad valenciana recriminó al colectivo farmacéutico su intención de acaparar mayores beneficios, afirmación tras la que señaló que "cada vez hay más negocio y eso va en detrimento de la sanidad". Molina contestó al consejero con un estudio en el que se indica que el 55% de las farmacias no son rentables. Farnós acudió a un archivo de la Consejería de Sanidad para contrarrestar las declaraciones del presidente de los farmaceúticos castellonenses e hizo públicos los datos de los beneficios obtenidos en la oficina de farmacia de Molina. Posteriormente, Joaquín Farnós, a través de una nota, rectificó, no el hecho de haber ofrecido unos datos reservados, sino el haber hecho público un porcentaje erróneo sobre los beneficios obtenidos por el farmacéutico. Aprovechar el cargo Molina reprochó ayer al consejero el hecho de haber dado publicidad a unos datos obtenidos "aprovechándose de su cargo", puesto que le permite el acceso a la base en la que se encuentran registrados. El presidente de los farmaceúticos castellonenses, que cuenta con el apoyo unánime del colectivo, mantuvo que la interposición de esta querella redunda en beneficio de todos los ciudadanos y aseguró que el embargo de los bienes servirá para pagar la sanción y las costas del proceso, ya que él no ha solicitado indemnización alguna. "Yo no quiero dinero de Farnós. Personalmente creo que quiso desprestigiarme y acudió a unos datos reservados para tratar de hacerlo", indicó Molina.
