El PSOE propone añadir una palabra a una ley para fomentar los pisos baratos

Una palabra de seis letras, urbano, puede revolucionar el sector de la vivienda en Madrid. Incorporada al artículo 110 de la vigente Ley Regional del Suelo, como propone el PSOE, resolvería la escasez de pisos baratos dentro de las ciudades. El añadido al texto legal obligaría a los promotores a construir miles de pisos a menos de 16 millones en los centros urbanos.Fernando Abad, diputado socialista de la Asamblea, ha elaborado una proposición de ley que incorpora la palabra urbano a una frase del artículo 110. Esa operación semántica cambia uno de los apartados más importantes de la Ley del Suelo, aprobada por unanimidad en 1995.

Pasados cuatro años, los legisladores socialistas se han dado cuenta de que la ley supuso un avance social importante, pero insuficiente. Aquel 28 de marzo de 1995, los parlamentarios aprobaron que cada vez que un municipio elaborase un nuevo plan general debería reservar para pisos protegidos -con subveción pública y precio tasado-, "como mínimo, el 50% de la superficie del suelo urbanizable destinado al uso residencial". Abad quiere que esa reserva se extienda también al 50% del suelo "urbano" que sea recalificado para viviendas.

El suelo urbanizable está generalmente en las afueras. Es el campo de las ciudades y necesita, previamente a la construcción de pisos, que los promotores lleven hasta él las conducciones de agua, gas, electricidad, y pongan las calles. Ejemplo: el nuevo Plan General de Madrid recalificó suelo en la periferia para hacer seis barrios (Las Tablas, Montecarmelo, Sanchinarro, Carabanchel, Vallecas y Arroyo del Fresno) y cerca de 80.000 pisos. La aplicación de la Ley permite aventurar que unas 40.000 casas serán baratas. Pero la realidad ha demostrado que la colonización de la periferia es un proceso lento y complejo. Resulta más sencillo levantar pisos en el centro urbano, aprovechando la recalificación de zonas verdes, industriales o de uso terciario. Y aquí, al tratarse de suelo urbano (con todos los servicios ya instalados), no existe ninguna obligación de reservar la mitad a pisos baratos. Resultado: el 85% de las viviendas levantadas en la capital en el último año son de precio libre y, por tanto, caras.

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