Un informe enviado a los lores descarta que Pinochet pueda ser juzgado en Chile

"No existe prácticamente ninguna posibilidad de que Pinochet sea juzgado y condenado por un tribunal chileno", asevera un informe elaborado por un grupo de abogados chilenos encabezado por el ex embajador Roberto Garretón, que ha sido presentado a la Cámara de los Lores por la organización humanitaria Human Rights Watch. Garretón fue asesor del Ministerio de Exteriores chileno.

"El principal obstáculo al posible proceso de Pinochet en Chile es la amnistía de abril de 1978 que el Gobierno de las Fuerzas Armadas se concedió a sí mismo por los crímenes cometidos desde el golpe de septiembre de 1973 hasta marzo de 1978, periodo en el cual se cometieron gran parte de los crímenes que se le imputan", señala el documento, que recuerda que la Corte Suprema de Chile ha confirmado reiteradamente la constitucionalidad de esta amnistía. El texto afirma que desde 1973 hasta la fecha se iniciaron unas 5.000 acciones judiciales relacionadas con violaciones de los derechos humanos. "Sin embargo, en más de 25 años, sólo en 12 casos se dictó sentencia condenatoria. En ninguno de estos 5.000 casos se investigó la responsabilidad de Pinochet", precisa el informe.En 1996 y en 1998, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos concluyó que el decreto de amnistía violaba los términos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y que su aplicación a los casos de desaparición constituía una violación de las obligaciones asumidas por Chile. La comisión reprobó al Gobierno democrático de Chile por no eliminar la amnistía de su legislación. En el periodo de la dictadura que va desde 1978 a 1990 y en el que no es aplicable la ley de amnistía continuaron las violaciones sistemáticas de derechos humanos. Los tribunales chilenos, subraya el informe, se negaron a proceder contra Pinochet incluso "en asuntos no relacionados con violaciones de derechos humanos". Así, en el llamado caso Melocotón, de 1984, en el que se presentó una querella contra Pinochet por fraude fiscal, la Corte Suprema se negó a abrir una investigación.

También los familiares del exdictador han sido intocables en Chile. A comienzos de los años noventa, Augusto Pinochet Hiriart, hijo del general, fue acusado de corrupción por tres millones de dólares (430 millones de pesetas) en negocios administrados por el Ejército. El hecho no estaba cubierto por la ley de amnistía, pero, en julio de 1995, el Gobierno de Eduardo Frei solicitó a la Fiscalía el cierre del caso, petición que fue aceptada. El presidente dijo que lo hacía por interés nacional.

Por su condición de comandante en jefe del Ejército cuando ocurrieron los crímenes, Pinochet tendría que ser juzgado por un tribunal militar, estima Garretón. "Los tribunales militares en Chile están formados por oficiales militares en activo a los que Pinochet ascendió o nombró en el cargo. Estos jueces han impedido habitualmente el procesamiento de militares por crímenes cometidos desde el golpe de 1973 y los años siguientes.

El Gobierno chileno esgrime los casos abiertos actualmente en tribunales chilenos contra Pinochet para afirmar que sí puede ser juzgado en su país. De las 18 querellas presentadas, 12 han sido aceptadas para su investigación por el juez de la Corte de Apelaciones de Santiago Juan Guzmán Tapia.