La oposición denuncia que el PP quiere eliminar al fiscal de Urbanismo

"Lo que está intentando ocultar el señor Ruiz-Gallardón", afirmó ayer Barranco, "es un negocio de 52.000 millones de pesetas que se concedió a Los Albertos en un concurso que, desde mi punto de vista, fue irregular e ilegal. Porque esos terrenos, valorados en 600 millones, se llevaron un negocio de 52.000 millones de pesetas. Quizás porque doña Esperanza Aguirre tenía prometido ese concurso a Los Albertos unos años antes. La Comunidad", agregó Barranco, "está implicada, ya que reconoció que la escombrera carecía de licencia y que estaba situada dentro del parque regional del Jarama". Tras calificar de " barbaridad" la circular del fiscal general, Barranco se solidarizó con el fiscal: "La persecución que se hace contra Valerio es inadmisible. Eso sí es presionar a la justicia; y resulta chocante que el fiscal general, en lugar de defender al fiscal que tiene en activo [Valerio], defienda al que está excedente", en alusión a Ruiz-Gallardón.Julio Setién, portavoz de medio ambiente de IU, también arremetió contra el Gobierno: "Jurídicamente, lo que está haciendo Ruiz-Gallardón es obstruir a la justicia. El propósito del PP es eliminar a un fiscal que está cumpliendo escrupulosamente su deber".

Armando García, diputado socialista, subrayó: "Lo que ocurre es que quieren quitar de en medio al fiscal para que no investigue". Y se preguntó: "¿Qué es lo que quieren esconder? Debe de haber algo ahí detrás". García lamentó que el Gobierno de Ruiz-Gallardón haya "apelado en este asunto al justiciero del Partido Popular, que es", dijo, "el fiscal general Jesús Cardenal. ¡Esta historia es muy fuerte!".

Jaime Lissavetzky, secretario general de los socialistas madrileños, también expresó ayer su "sorpresa" por la actitud de Ruiz-Gallardón. "El trabajo de la Fiscalía de Madrid es muy positivo, es un guardián de la legalidad, de los más débiles. ¿Por qué en determinados asuntos judiciales no colabora Ruiz-Gallardón?, ¿es que hay algo que ocultar?", se preguntó Lissavetzky. Anunció que el PSOE interpelará a Ruiz-Gallardón sobre este asunto en el próximo pleno de la Asamblea. "Y además vamos a pedir la comparecencia del consejero Mayor Oreja para que aclare esta obstrucción la justicia", avanzó.

La Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid también se sumó ayer a IU y PSOE en las críticas al Gobierno regional por no facilitar documentos a la Fiscalía de Madrid. "La función del fiscal de Medio Ambiente es la de vigilar y fiscalizar el cumplimiento de las actuaciones de la Administración en defensa de los ciudadanos, y en ningún caso entendemos que se pueda coartar esta función, que consideramos positiva e imprescindible".

También opinó ayer sobre este asunto Santiago Martín Barajas, portavoz de Ecologistas en Acción: "Deploramos el espectáculo que supone un enfrentamiento entre la Consejería de Medio Ambiente y la fiscalía". Martín Barajas abogó "por el archivo de la querella presentada contra Valerio por la viceconsejera Sylvia Enseñat". "El fiscal pudo equivocarse al poner la denuncia, pero sólo intentaba cumplir con su deber".