Un juez reabre la investigación contra la CEV por los fondos de formación

El Juzgado de Instrucción número 9 de Valencia y la Fiscalía Anticorrupción han acordado la reapertura de la investigación contra la Confederación Empresarial Valenciana (CEV) ante los indicios de que la patronal pudo haber utilizado irregularmente, entre 1993 y 1995, cerca de 150 millones de pesetas procedentes de las arcas de la Generalitat y, en principio, destinados a la formación de trabajadores. Esta iniciativa se une a las del Tribunal de Cuentas y la Consejería de Empleo, que han reclamado a la organización la devolución de fondos.

Las pesquisas se centrarán en el manejo supuestamente irregular del capital con el que la Generalitat financió a través de la patronal valenciana la realización de varios cursos de formación. La investigación excluye de la causa los posibles delitos cometidos con los recursos procedentes de la Fundación para la Formación Continua -investigados en otros procedimientos que salpican a organizaciones de toda España- y las posibles irregularidades que, en el mismo sentido y periodo, se pudieron cometer en la Confederación Valenciana de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepymev). Según varias fuentes, el representante de la Fiscalía Anticorrupción asignado al caso viajó el pasado lunes a Valencia para estudiar, en compañía del magistrado, toda la documentación relacionada con la causa. El representante del ministerio público especializado en perseguir delitos cometidos en el seno de la Administración o con dinero público estudia la posibilidad de inhibirse en favor de sus colegas de Valencia. De hecho, las dos investigaciones judiciales abiertas en su día y ya archivadas nacieron de sendas iniciativas de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana, que investigó la gestión de los fondos de formación después de que una inspección de la Consejería de Trabajo -en abril de 1994, aún con el PSPV en el gobierno de la Generalitat- detectara numerosas irregularidades. El magistrado ha decidido ahora hacerse cargo del caso tras declararse competente: Los supuestos delitos a investigar se cometieron en Valencia, con fondos procedentes de la Generalitat y podrían ir desde la duplicación de facturas hasta el cobro por cursos inexistentes. Según las mencionadas fuentes, la investigación podría incluir las causas relacionadas con el caso y archivadas por los juzgados de Instrucción número 6 (el pasado 14 de marzo) y 15 (14 de junio) de Valencia. Antes, el Tribunal de Cuentas exigió la devolución de 191 millones de pesetas a la CEV. Según esta institución, la patronal autonómica, entonces presidida por José María Jiménez de Laiglesia, es responsable de un "presunto hecho delictivo", por lo que será conveniente, indica un documento de este órgano fiscalizador, "la apertura de diligencias en la jurisdicción penal". Jiménez de Laiglesia y Luis Espinosa, actual presidente de la Agencia de Cooperación Internacional del Ministerio de Asuntos Exteriores, entonces secretario general de la CEV, siempre han eludido pronunciarse sobre la gestión de los fondos de formación a pesar de las investigaciones abiertas al respecto tanto por el Tribunal de Cuentas, como por las fiscalías Anticorrupción y del TSJ y las ya archivadas de dos juzgados de Valencia. El actual presidente de la organización, Rafael Ferrando, declina cualquier responsabilidad.Mientras, la Generalitat reclama -de manera paralela a las iniciativas tomadas en el ámbito legal- cerca de 700 millones a la CEV. Esa cifra, según la actual Consejería de Empleo, Industria y Comercio, es la que el colectivo empresarial utilizó sin respetar el convenio suscrito por ambas partes.