El acceso a viviendas dignas centra un debate sobre inserción de inmigrantes

La necesidad de proporcionar a los inmigrantes viviendas dignas en la zona del Poniente y del campo de Níjar almeriense es una de las primeras conclusiones de las I Jornadas sobre Administraciones Locales e Inserción Social de los Inmigrantes, que se celebran entre ayer y hoy en Roquetas de Mar (Almería). La necesidad de establecer unas políticas de actuación comunes entre las administraciones así como de realizar una reflexión sobre el papel desempeñado por los ayuntamientos son algunos de los propósitos del congreso.

Sindicatos, ONG, ayuntamientos, y políticos reconocen el "desbordamiento" padecido por los pequeños municipios almerienses, que se reparten una población inmigrante en torno a las 15.000 personas. La diputada de Asuntos Sociales de la Diputación de Almería, Carmen Crespo, aseguró que el problema de coordinación pasa por la "voluntad real" de quienes están al frente de las administraciones. "La cuestión es que muchos se empeñan en politizar el tema, pero un tema social", dijo. La necesidad de permitir el empadronamiento de todas las personas residentes en cada núcleo urbano, tanto si disponen de documentación como si no, fue otra de las propuestas apuntadas como único modo de "conocer" las necesidades reales de la población. "Empadronarse es un derecho que otorga la ley. En la medida en que estén empadronados sabremos cuántos son y dónde están y así podrán regularizar su situación, y conseguir la cartilla sanitaria", afirmó el ponente Manel Gracia, responsable de la Unidad de Inmigración de la Diputación de Barcelona, que destacó el papel que deben jugar, precisamente, las diputaciones. "Cada vez que se hable de inmigración los distintos gobiernos, el regional y el central, tienen que contar con las diputaciones", dijo. Sobre las facilidades otorgadas en el acceso a vivienda, la construcción de microrresidencias para temporeros y la rehabilitación de cortijos se perfilaron como soluciones a los problemas suscitados por el alquiler. De los 15.000 inmigrantes que se estima trabajan en Almería, el 50% retorna a su país de origen tras ocho meses de trabajo. En este sentido, se alabó el convenio por el que los ayuntamientos de Níjar, Adra, La Mojonera, El Ejido, Roquetas y Vícar pretenden impulsar el acceso a la vivienda con la ayuda de la Consejería de Obras Públicas.