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Los líderes magrebíes detenidos por "favorecer la inmigración ilegal" se niegan a declarar en comisaría

La polémica creada por el arresto de dos directivos de la Asociación de Emigrantes Marroquíes en España (AEME) a quienes la policía acusa de "favorecer la inmigración ilegal" y de lucrarse con ello continúa. Mientras los dos detenidos se negaban ayer a declarar en comisaría, a la espera de hacerlo hoy ante el juez, la responsable federal de emigración de IU, Susana López, pidió explicaciones al ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja, por este caso, que su coalición, CC OO y SOS Racismo tachan de "montaje para desprestigiar a una asociación de inmigrantes".

Unas 50 personas, entre las que se contaban representantes de Izquierda Unida y otras 12 entidades, como CC OO, Sos Racismo, la Asociación Pro Derechos Humanos y asociaciones de inmigrantes, se concentraron en la tarde de ayer frente al Ministerio del Interior en apoyo a los dos detenidos el miércoles, Raschid el Haddadi y Ridouan Asouik, presidente y portavoz, respectivamente, de la Asociación de Emigrantes Marroquíes en España (AEME).Poco después, cuatro de los miembros de estas asociaciones, entre ellas IU, se reunieron con los asesores de Mayor para exponerles sus temores de que con esta operación policial "se intente desprestigiar a una asociación que siempre ha luchado por los derechos de los inmigrantes". El equipo del ministro negó que existiese afán persecutorio alguno y afirmó que se trata de una investigación policial a partir de una serie de irregularidades descubiertas en solicitudes de permisos de trabajo para inmigrantes presentados por esa asociación.

La policía sostiene que Ridouan y Raschid presentaron 19 expedientes en 1997 para regularizar a trabajadores extranjeros, por el sistema de cupos, con empleadores ficticios cuyas empresas "o bien no existían o se encontraban ubicadas en ciudades distintas a las señaladas".

Los agentes mantienen que ambos detenidos "localizaban falsos empresarios, a quienes abonaban unas 30.000 pesetas por prestar su documentación personal , que les era devuelta una vez fotocopiada". Con dicha documentación, siempre según la misma versión, confeccionaban las ofertas de empleo necesarias para que los inmigrantes solicitasen con ellas los permisos laborales de los cupos.

Los agentes añaden que con anterioridad a las detenciones de Ridouan y Raschid se arrestó a dos de esos falsos empleadores, ambos españoles. Se trata de Eduardo C. C., que, según esta versión, prestó su documentación personal y firmó en blanco los documentos de la oferta de empleo por 30.000 pesetas, y de José Luis P. V., que hizo lo mismo en seis expedientes "a cambio de 25.000 que le entregaron los dos miembros de AEME detenidos".

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La policía apostilla que varios de los empleadores ficticios tienen antecedentes policiales por hechos delictivos contra el patrimonio y que uno está preso en Soto del Real. Concluye, además, que en el registro de los pisos de Ridouan y Raschid hallaron cuatro DNI de españoles que figuraban como sustraídos y una solicitud de permiso de trabajo y residencia a nombre de una inmigrante marroquí en la que consta un recibo de haber pagado 70.000 pesetas por tramitar una oferta de empleo en los cupos de 1997. Las 12 organizaciones que han mostrado su apoyo a los detenidos califican su arresto de "arbitrario", y las acusaciones policiales, de "absolutamente falsas". "Tanto Ridouan y Raschid como su asociación se han caracterizado siempre por la lucha a favor de los inmigrantes y contra las mafias que se lucran de ellos, algunos de cuyos integrantes son miembros de las fuerzas de seguridad", aseguran.Francisco García Cediel, abogado de los arrestados, insiste en que la AEME, como otras entidades que ayudan a los inmigrantes en la tramitación de las solicitudes para acceder a los cupos, lo único que hace es explicar el procedimiento a los interesados y presentar sus solicitudes al Ministerio de Trabajo para evitarles hacer cola.

"Si las solicitudes contienen ofertas de trabajo ficticias, en todo caso habría que penalizar al falso empresario, no a los miembros de las asociaciones que presentan el expediente ante la Administración", indica.

"Si la policía tiene pruebas contundentes contra los dos detenidos, no entiendo cómo ha tardado más de un día en intentar tomarles declaración", matiza. "Se les acusa de un supuesto legal pensado para luchar contra las mafias a dos personas que viven de forma modesta", concluye García Cediel.

La diputada del PSOE Matilde Fernández exigió ayer que se investigue este caso con celeridad, "porque mientras lo que se puede estar fomentando es el racismo y la xenofobia", según Servimedia. También la Asociación de Trabajadores Inmigrantes Marroquíes en España (ATIME) expresó su "apoyo humano" a los detenidos y a sus familiares y solicitó que los hechos se clarifiquen cuanto antes.

La AEME es una asociación creada en 1988, que funciona desde entonces sin apenas subvenciones y con gran precariedad de medios.

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