El Ayuntamiento de Sevilla recalifica los terrenos de Uralita
La Gerencia Municipal de Urbanismo de Sevilla parece olvidar los acuerdos aprobados en unanimidad por el Pleno del Ayuntamiento Hispalense. Los andalucistas, Alejandro Rojas Marcos, primer teniente de alcalde de la ciudad y el delegado de Urbanismo, Mariano Pérez Ayala, confirmaron ayer la recalificación de los suelos, de industrial a residencial, donde está ubicada la fábrica de Uralita, con el apoyo de la alcaldesa, Soledad Becerril, y el voto en contra de socialistas e Izquierda Unida. Francisco Carvajal, portavoz del Comité de Empresa de UraRiego, subsidiaria de Uralita, se queja de que el equipo de Gobierno municipal "no se digne ni a recibirnos". Sólo la oposición y los trabajadores parecen recordar el Pleno de noviembre de 1997 donde se acordó por unanimidad "no iniciar trámite alguno referido a la recalificación de los terrenos donde se asienta Uralita, sin el acuerdo de todos los Grupos municipales y del Comité de Empresa". El desmantelamiento de la fábrica de Uralita fue justificado por la empresa ya que utilizaba amianto, producto que tiene graves riesgos para la salud y prohibido por la UE. Pero continuó la actividad de UraRiego que trabaja con materiales alternativos. La rapidez con la que se ha llevado todo el proceso de recalificación, le parece bastante extraño a Carvajal y a la oposición en el Ayuntamiento, y más cuando el secretario general del Consejo de Administración de Uralita, José Ignacio Fernández-España, le confirmó a la alcaldesa, por carta el pasado 27 de noviembre , la "continuidad de la actividad de UraRiego" aunque "sea trasladada a una nueva ubicación dentro del termino municipal de Sevilla". Ahora, la actitud de los responsables de la empresa ha cambiado y han informado a los 40 trabajadores de UraRiego, su desmantelamiento y la posibilidad de marcharse a una fábrica del grupo en Alcázar de San Juan, Ciudad Real. "No quieren dialogar, nos han impuesto esa solución y resulta que la fabrica de Ciudad Real se encuentra con un problema social donde quieren despedir al 55% del personal", afirma Carvajal.
