Urbanismo no revisó el estado de ruina del Bazar España, pese a la petición expresa de los bomberos

Los bomberos de Sevilla habían reclamado insistentemente a la Gerencia de Urbanismo que enviara al Bazar España -cuyo fachada se desplomó sobre cinco personas- a los inspectores del Sección Técnica de Ruina tras haber comprobado el mal estado de la finca. Sin embargo, en el expediente de conservación del edificio, que incluye los escritos de los bomberos y la sentencia de "ruina inminente", no existe un sólo informe de Urbanismo sobre la estabilidad del inmueble. En ese expediente también figuran dos escritos de Inmobiliaria Osuna: uno subraya la ruina del edificio y el otro, que el muro está "estructuralmente en buen estado y no existe inconveniente alguno para su mantenimiento".

Luis Pizarro, portavoz municipal de Izquierda Unida, ha encontrado una caja de sorpresas en los expedientes sobre el Bazar España, el del muro que mató a cinco personas el pasado 31 de diciembre. No sólo ha encontrado la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que declaraba la "ruina inminente" del edificio. También ha hallado documentos que subrayan el mal estado general del inmueble. El escrito de Inmobiliaria Osuna en el que solicita la licencia de demolición parcial (vaciado) del edificio, de 16 de enero de 1998, destaca "los butrones [agujeros] que continuamente se están realizando en los cerramientos", las "innumerables quejas del vecindario" sobre el estado del inmueble y el "riesgo ya evidenciado de accidentes". Este riesgo había sido puesto de manifiesto un por de meses antes por Marcial Escudero Delgado, oficial técnico de guardia de los bomberos, quien había revisado el 3 de noviembre el recinto porque la Policía Local le había comunicado que los vecinos habían denunciado la caída de cascotes. La constatación "del estado de abandono" de la edificación le llevó a afirmar el 5 de noviembre: "Considero necesario que se gire visita de inspección por la Sección Técnica de Ruinas". Dos informes más Los bomberos se pronunciaron de la misma forma el 10 y el 16 de febrero de 1998. En esas fechas, la sentencia del TSJA ya era firme, advertía del "gran peligro de desplome hacia la calle" y se sugerían medidas de seguridad para evitar una posible tragedia. La Gerencia de Urbanismo se demoró hasta el 12 de enero de 1998 en ordenar a Inmobiliaria Osuna algunas medidas de seguridad, ninguna de las cuales incluye el apuntalamiento del muro o el vallado de seguridad de la finca. Sólo instrucciones para que se evitara la entrada de marginados y sin techo. Cuatro días más tarde entra en la gerencia la solicitud de Osuna de demoler la finca, "manteniendo y arreglando el cerramiento de la misma". Este mantenimiento se justificaba en la licencia del proyecto, presentada por el arquitecto Luis Recuenco Aguado, que decía: "El muro de fachada se encuentra estructuralmente en buen estado y no existe inconveniente alguno para su mantenimiento". Y eso que Osuna conocía la sentencia del TSJA que subraya que el mal estado general del edificio "está influyendo en el muro de fachada, el cual presenta fisuras muy importantes". Los expedientes de la gerencia no recogen ningún informe de seguridad del muro, pero sí reconoce que en su departamento de conservación "no se tienen datos del estado que presentaban los tramos colapsados con posterioridad a la ejecución de la demolición interior". Es más, cuando autorizó a Osuna a demoler su parte del muro resolvió que "el resto de la fachada se mantendrá como cerramiento del solar destinado al Excelentísimo Ayuntamiento de Sevilla". El consejo de gobierno de la gerencia acordó precisamente ayer enviar al juez del caso sus informes sobre controles de la estabilidad del edificio y el personarse como interesada en la investigación.