Contra las cuerdas

LA COMPARECENCIA del ministro de Industria, Josep Piqué, ante el Congreso para explicar algunas subvenciones polémicas concedidas por su departamento no ha disipado las sombras de sospecha que se cernían sobre la oportunidad y limpieza política de tales ayudas públicas. El ministro no pudo o no supo explicar de forma satisfactoria subvenciones tan contrarias al buen sentido como las concedidas al ex consejero de Economía de Castilla y León Miguel Pérez Villar, o tan sospechosamente parciales como las acumuladas por el Ayuntamiento de La Carolina, o la sorprendente condonación de un crédito de 8.500 millones de dinero público concedido por el ICO a Ercros, cuya presidencia abandonó para hacerse cargo de la cartera de Industria. Como argumento de peso dijo que volvería a hacerlo.La tesis defendida por Piqué es que todas las subvenciones puestas en cuestión se concedieron con criterios estrictos de legalidad. Pero las acusaciones de la oposición versaban acerca de presuntos casos de trato de favor, y en este extremo quedaron muchas dudas sin despejar. La subvención de 198 millones a la empresa textil catalana Torcidos Ibéricos, con cargo a los fondos mineros, puede haber cumplido los requisitos de legalidad. Pero, al tratarse de ayudas que no tienen carácter automático, Piqué no explicó por qué había aprobado con tanta rapidez una subvención desestimada inicialmente por el Gobierno anterior, mientras otras solicitudes acogidas también a la misma normativa se resolvían en el pesado y lento régimen de concurrencia competitiva.

Lo mismo cabe decir de la subvención a Miguel Pérez Villar, condenado a ocho años de inhabilitación por un delito continuado de prevaricación. Pérez Villar obtuvo una ayuda de 48 millones para instalar un concesionario-taller de vehículos Renault en Oviedo, con cargo al fondo para la rehabilitación de las cuencas mineras afectadas por la crisis, después de que su petición fuera rechazada inicialmente. Para justificar la generosidad pública con el Ayuntamiento de La Carolina echó mano de un recurso conocido y desprestigiado: criticar la actuación de sus antecesores socialistas. Como no era ése el motivo de la comparecencia habrá que suponer que el ministro carecía de argumentos más consistentes para refutar las acusaciones de trato de favor.

Piqué tampoco pudo explicar a plena satisfacción la reestructuración de la deuda de Ercros, aprobada en junio de 1998, y que permite a la empresa saldar con 1.100 millones de pesetas un crédito del ICO de 8.500 millones. La oposición (PSOE, Izquierda Unida y Grupo Mixto) ha pedido que se abra una comisión de investigación sobre las controvertidas e inexplicadas subvenciones de Industria. A la vista de la insuficiente información aportada por Josep Piqué, la puesta en marcha de esas comisiones parece el procedimiento más adecuado para despejar las sospechas que el ministro no pudo ayer disipar.