El interventor de Marbella dice al juez que él no informó sobre la compra de la estatua rusa

La declaración ante el juez del interventor municipal de Marbella, Juan Antonio Castro, no arrojó nueva luz sobre el caso de la estatua rusa que según el Ayuntamiento fue un regalo del consistorio de Moscú y que según el PSOE costó en realidad 141 millones de pesetas desviados de una sociedad municipal. Castro afirmó que el destino que dan las empresas municipales a las transferencias que reciben no está sujeto a su "función de intervención". Gil será hoy dado de alta tras someterse a nuevas pruebas y quedar descartado que sufra angina de pecho.

El Juzgado número 5 de Marbella practica pruebas documentales para determinar si se produjo una supuesta malversación de caudales públicos y falsedad documental en el caso de la estatua rusa. El PSOE denunció a Gil y al ex primer teniente de alcalde Pedro Román y los acusó de fraguar una operación de endosos a varias sociedades para ocultar el pago de 141 millones por la escultura La Victoria de Zurab Tsereteli.El interventor fue citado ayer a declarar por el juez Antonio Ruiz Villén, instructor del caso, sobre los documentos contables que según los denunciantes hicieron posibles los pagos, pero matizó que a su función de intervención están sujetas las cuentas que las sociedades municipales presentan al final de cada ejercicio, pero no el destino que dan a las transferencias que reciben del Ayuntamiento y que, por consiguiente, no emitió informe alguno sobre este supuesto gasto.

Apartamentos

Según el abogado del PSOE, José Carlos Aguilera, estos 141 millones de pesetas "terminaron pagando los apartamentos que disfruta" el autor de la polémica escultura.El juez Ruiz Villén ordenó en noviembre pasado el registro de la sociedad municipal Jardines 2.000 en busca de las facturas y soportes informáticos que justifiquen el pago de 141 millones de pesetas por la estatua rusa instalada en Puerto Banús. El PSOE sostiene que el Ayuntamiento transfirió este dinero a Jardines 2.000 y que luego siguió una complicada trama en un intento del alcalde de Marbella de ocultar los pagos. Así, Jardines 2.000 lo utilizó para saldar una supuesta deuda con la constructora Emasa por obras y servicios. Esta sociedad a su vez cedió el dinero a la empresa Mar and Gregory, SL, para que ésta se adjudicase tres parcelas municipales y las entregara a la Caja Postal, como parte de pago de los apartamentos adquiridos por el escultor a esta entidad financiera por 162 millones, según los socialistas.

El abogado del PSOE arguye que no existe ninguna justificación para que la empresa municipal Jardines 2.000 transfiriese a Emasa los 141 millones recibidos del Ayuntamiento que gobierna Jesús Gil. "El propio contable declaró que no existía ninguna relación comercial entre las dos empresas, ignoramos por qué los 141 millones finalmente pagaron a la promotora de Playas Españolas los apartamentos de Tsereteli", insistió el letrado tras oír la declaración del interventor.

Juan Antonio Castor se negó a dar información sobre el contenido de su comparecencia ante el juez y se limitó a afirmar que testificó , "como técnico para aclarar una serie de conceptos que figuraban en los expedientes".

El Ayuntamiento de Marbella sostiene que sólo pagó 32 millones de pesetas por los gastos de traslado de la estatua. Gil siempre ha negado que el escultor ruso hubiese dispuesto de estos terrenos municipales, valorados en 141 millones de pesetas, para canjearlos por tres apartamentos en Puerto Banús.

Alta médica

Por otra parte, el director médico del hospital Clínico de Málaga, Francisco Fortes, anunció ayer que Gil será hoy dado de alta después de comprobarse que las coronarias del alcalde "son morfológicamente normales" y que el diagnóstico del paciente es de "dolor anginoso con cambios eléctricos". Gil se sometió a un cateterismo cardíaco para determinar la situación interna de su corazón, prueba tras la que se descartó que padeciera una angina de pecho.El alcalde de Marbella acudió a primera hora de ayer al centro hospitalario, de donde salió el viernes con un permiso de fin de semana. Un día antes el juez Santiago Torres le puso en libertad bajo fianza de 100 millones de pesetas, aunque mantiene las acusaciones de malversación y falsedad documental y contable por el supuesto desvío de 450 millones de pesetas de las arcas municipales al Atlético de Madrid.