La historia no perdona a quienes la olvidan

La iniciativa de la Audiencia Nacional Española de juzgar al ex dictador Pinochet ha puesto de manifiesto dos cuestiones internacionales: primero, la defensa de un derecho internacional, el proyecto, defendido por Amnistía Internacional y otros grupos e individuos dedicados a la defensa de los derechos humanos, de crear un tribunal internacional de delitos contra la humanidad; por otra parte, la necesidad de proteger los derechos de la sociedad civil a escala planetaria frente a las amenazas que la han acosado en los últimos años, y siguen acosándola, bajo regímenes totalitarios y estrategias terroristas, estatales y no estatales.Pero la demanda internacional de un juicio contra Pinochet ha encontrado una seria resistencia política tanto en Chile y América Latina como en EE UU y la Comunidad Europea. Los portavoces oficiales del Gobierno chileno alegan que el juicio a Pinochet violaría la soberanía nacional y pondría en peligro el equilibrio democrático del país. El Gobierno de EE UU alega intereses nacionales de Estado para retener la información secreta sobre los crímenes políticos y las estrategias de terror contra la sociedad civil desplegados en nombre de la guerra fría.

Sobre Pinochet, lo mismo que sobre Karadzic, Pol Pot, Amín, Mobutu, Sadam Husein y muchos otros pesan incuestionables pruebas de atrocidades sexuales contra mujeres y niños, genocidios planificados, tortura contra enemigos políticos y terror contra la sociedad. Estos crímenes se han perpetrado siempre en nombre de la soberanía nacional. Hoy este mismo principio de soberanía es esgrimido para el ocultamiento de las responsabilidades políticas y jurídicas de estos crímenes bajo las redes de intereses nacionales intransparentes e inaccesibles al control e incluso a la información de la sociedad civil.

En términos de filosofía jurídica, el caso no es nuevo. Ni me parece precisamente casual que haya emanado de la Audiencia Nacional española. Fue Francisco de Vitoria, amigo personal del emperador Carlos V, quien formuló el primer modelo moderno de derecho internacional de gentes, inspirado en el derecho romano y más tarde reformulado por la filosofía jurídica de la Revolución francesa. En aquel contexto se formuló el derecho de juzgar soberanos de cualquier nación o imperio por crímenes contra la libertad de sus súbditos bajo tribunales dotados de una autoridad internacional legítima. Este principio de derecho internacional se ha mantenido vigente hasta la exigencia contemporánea de un tribunal internacional.

Ciertamente, la situación es nueva con respecto a las formulaciones de derecho internacional en el periodo colonial europeo de los siglos XVI o XVIII, y lo es en parte con respecto a los propios juicios de Nüremberg. La cuestión vigente hoy es la defensa de la sociedad civil, y es el reconocimiento del derecho inalienable que la sociedad civil tiene de juzgar los crímenes cometidos contra su integridad moral, social y física.

La crisis política generada por la investigación de los jueces independientes españoles (Garzón y García-Castellón) no constituye hoy un hecho aislado. Más bien se enmarca en una serie de revisiones históricas de regímenes totalitario o dictatoriales y del reconocimiento público de violaciones de derechos humanos, las llamadas guerras sucias y genocidios realizados en las últimas décadas, desde los campos de exterminio nazis hasta las estrategias de limpieza étnica desplegadas por el actual régimen serbio en Bosnia-Herzegovina y Kosovo. Las dictaduras militares latinoamericanas o los genocidios cometidos en África, Oriente Próximo o Yugoslavia y el sureste asiático son parte de la cuestión.

Juzgar a Pinochet es hoy un paso necesario, un precedente insoslayable, en una serie concatenada de juicios criminales que no tienen por objetivo una revancha contra poderes explícitamente opresores, ni tampoco una condena a determinadas ideologías políticas, a las estrategias de la guerra fría o a las implicaciones gubernamentales de terceros en actos criminales contra la sociedad civil. Se trata ante todo del esclarecimiento de lo que verdaderamente sucedió en Chile tras los telones de la dictadura de Pinochet, como estos días han repetido hasta la saciedad sus víctimas en Londres, Madrid o Nueva York.

La impunidad de estos crímenes no sólo significaría una derrota moral de la sociedad civil en Chile y en el mundo entero; supondría al mismo tiempo otorgar una garantía explícita e internacional de impunidad para futuros crímenes cometidos por estas razones. Por este motivo es preciso despolitizar absolutamente este juicio de delitos contra derechos humanos abierto por los jueces españoles, como ha subrayado Amnistía International. El argumento oficial chileno según el cual un juicio internacional a Pinochet pone en tela de juicio la democracia chilena es absurdo, porque la falsedad y el crimen impune no pueden sostener la entereza de democracia alguna. Y todo el mundo sabe que responsables por crímenes contra derechos humanos se sientan en el Senado chileno, y que la chilena Comisión de Verdad y Conciliación (Comisión Retting) se ha limitado a la importante pero insuficiente labor de reconocer la existencia efectiva de los crímenes de genocidio y tortura bajo la dictadura chilena.

También es innecesario y contraproducente involucrar en este juicio cuestiones relativas a intervenciones políticas, financieras y técnicas de otros Estados en las guerras sucias desarrolladas en escenarios latinoamericanos a lo largo de las dictaduras militares recientes. El apoyo logístico de Nixon y Kissinger al régimen de Pinochet es un secreto a voces, y nadie ignora que su significado geopolítico se definía a partir de las categorías de la guerra fría. Pero la discusión y el juicio histórico sobre las estrategias globales de este periodo no deberían mezclarse en absoluto con las demandas judiciales que ha elevado la Audiencia Nacional española. No se discuten las crisis económicas globales a la hora de juzgar a un sospechoso por robo a mano armada, por mucho que sus efectos tengan que ver en última instancia con su crimen. El juicio internacional a Pinochet por crímenes contra derechos humanos poseen hoy una ulterior y más radical importancia. Es un precedente jurídico y, como tal, una medida de efectos preventivos. Hoy asistimos en el planeta a una intensificación de conflictos territoriales, en parte causados por el deterioro masivo de las condiciones económicas y ecológicas de sobrevivencia, y movimientos migratorios de escalas, asimismo, masivas. Estos conflictos están adquiriendo en los últimos años y de manera ostensible la forma de guerras étnicas y religiosas de efectos devastadores. Es frente a este horizonte, sobrecogedor pero realista, que la iniciativa española de hoy posee la mayor importancia global para mañana.