El fiscal pide la destitución de Clinton en aras de la igualdad ante la ley

El perjurio y la obstrucción a la justicia, incluso en asunto privado, entran en el campo de los "graves crímenes y fechorías" que, según la Constitución, permiten al Senado deponer al presidente, insistió ayer la acusación en la última de las tres jornadas de exposición de sus argumentos en el juicio de Bill Clinton. El congresista republicano Henry Hyde, principal acusador de Clinton en Senado, aseguró que el presidente "ha traicionado la confianza" qu en él depositó el pueblo americano. Clinton, mantiene Hyde, traicionó al cometer perjurio ante el Gran Jurado.

Los congresistas republicanos Lindsey Graham, Steve Buyer y Charles Canady recordaron a los 100 senadores que dos jueces fueron destituidos en los ochenta por el Senado por perjurio en asuntos que no tenían que ver con sus deberes oficiales. "¿Vamos a aplicar un doble rasero: uno para el presidente y otro para el resto de nuestras autoridades?", preguntó Buyer.La acusación concluyó con un llamamiento a que el Senado aplique a Clinton la misma justicia que aplicó en los ochenta a los jueces federales Harry Clayborne y Walter Nixon. Sometidos a procedimiento de impeachment, los dos fueron juzgados y destituidos por el Senado por mentir bajo juramento en asuntos privados: la declaración de impuestos en el caso de Clayborne; un negocio, en el de Nixon. "El Senado", dijo Buyer, "sentó entonces el precedente de que una autoridad puede y debe perder su puesto por violar, aunque sea en temas que no tienen relación con su cargo, el principio fundamental de nuestro sistema de justicia: la declaración bajo juramento".Canady recordó que la destitución prevista por los "padres fundadores" de EE UU no priva a nadie de su libertad, su propiedad o su vida. "No es un castigo a un criminal", dijo, "es un mecanismo para limpiar nuestro sistema de altos funcionarios que, según se descubre con posterioridad, no merecen la confianza que en ellos depositaron los electores". El caso de Clinton, añadió, entra de lleno en ese guión previsto por la Constitución de EE UU. Su salida de la Casa Blanca, argumentó, "no constituirá una tragedia nacional, la voluntad de los electores será respetada por su sustitución por el vicepresidente, nuestra democracia y nuestro sistema de justicia serán reforzados y el país sobrevivirá".

Así concluyeron los tres días de la acusación, a los que, a partir del martes, seguirán otros tantos de la defensa. La acusación, representada por 13 miembros de la Cámara de Representantes, que procesó a Clinton en diciembre, ha sostenido, a veces con brillantez, otras con reiteración, que el presidente cometió perjurio ante un gran jurado federal al volver a negar en agosto, como hizo en enero en el caso civil promovido por Paula Jones, que sus relaciones con Monica Lewinsky fueran de carácter sexual.

La acusación dio como probado ese perjurio por el testimonio de Lewinsky y la prueba irrefutable de la mancha de semen en el famoso vestido azul; recordó que 115 personas están encarceladas en EE UU por delitos de perjurio mientras Clinton sigue en la Casa Blanca, e introdujo una idea nueva: exonerar a Clinton porque mentir bajo juramento sobre sexo no es grave amenazaría los derechos de las mujeres que denuncian acoso sexual.

Las denunciantes, recordó la acusación, tienen en esos casos el derecho a reconstruir la vida sexual del acusado, lo que intentó hacer Paula Jones, y en numerosas ocasiones sus únicas armas son declaraciones bajo juramento de las partes y los testigos. "¿Vamos a aceptar que un acusado, como lo era Clinton frente a Jones, salga impune tras mentir bajo juramento?", dijo James Sensenbrenner.

La mejor presentación del cargo de obstrucción a la justicia la hizo Asa Hutchinson. Al descubrir que los abogados de Jones y luego el fiscal especial Kenneth Starr estaban al corriente de sus relaciones con Lewinsky, Clinton, argumentó Hutchinson, intentó comprar el silencio de la ex becaria consiguiéndole, a través de su amigo Vernon Jordan, un trabajo; entrenó a su secretaria, Betty Currie, sobre lo que debía decir si era preguntada, e instó a varios miembros de la Casa Blanca a difamar a Lewinsky.

La defensa del presidente tendrá ocasión la próxima semana de rebatir todo eso. Entretanto, la acusación puede apuntarse un tanto. Sus reiterados llamamientos a que el Senado vea y escuche directamente a los testigos han tenido relativo éxito. El número, inicialmente bajo, de senadores dispuestos a citar a Monica Lewinsky, Betty Currie, Vernon Jordan y otros creció ayer con tres senadores republicanos moderados.

Nosotros creemos las declaraciones de Lewinsky y otros testigos contenidas en el informe Starr, han dicho los acusadores, pero si ustedes, los senadores, tienen sus dudas, cítenles a declarar. Citen también, si lo desean, al propio Clinton.