Zabaleta murió en una operación de represalia de 'ultras' atléticos, según la acción popular

La muerte de Aitor Zabaleta fue consecuencia de una acción de represalia minuciosamente preparada por el grupúsculo ultraderechista Bastión, seguidor del Atlético de Madrid. Así lo sostiene el Movimiento contra la Intolerancia, organización no gubernamental personada en el caso como acción popular. Esta entidad ofreció ayer una reconstrucción, elaborada a partir de las declaraciones de testigos, en la que sostiene que en el homicidio participaron unos 50 ultras, que, comunicados con teléfonos móviles y subidos en coches, acechaban la llegada de los seguidores de la Real Sociedad para darles un escarmiento en venganza por un apedreamiento sufrido en San Sebastián.

"¡Verónica, que me han pinchado!". Eran las seis de la tarde del pasado 8 de diciembre. Aitor Zabaleta, de 28 años, acababa de recibir un navajazo en el costado. Pese a la herida, aún consiguió andar unos metros. Luego, ante su novia, Verónica Olivares, cayó frente a la puerta 6 del estadio de fútbol Vicente Calderón. Nueve horas después falleció en la Fundación Jiménez Díaz.

La muerte de este seguidor de la Real Sociedad, que había acudido a Madrid junto a otros aficionados donostiarras para ver a su equipo jugar contra el Atlético, desató una intensa intervención policial. Desde un principio las sospechas se dirigieron hacia el grupúsculo Bastión, una facción ultra escindida del Frente Atlético, la hinchada más extremista de los rojiblancos.

Su cabecilla, así como otros integrantes de este grupo violento, fueron detenidos. Entre ellos figuraba el supuesto autor del crimen y único imputado que sigue en prisión, Ricardo Guerra Cuadrado, de 23 años, con numerosos antecedentes policiales y que en el momento del arresto cumplía por un apuñalamiento una condena en régimen de tercer grado (dormía en ella de lunes jueves y salía los fines de se mana).

Diligencias secretas

Las pesquisas que condujeron hasta su detención fueron de claradas secretas en su día por la titular del Juzgado de Instrucción número 40 de Madrid, María del Rosario Esteban Meilar. Ahora, la acción popular, que ha presentado una querella por asesinato y asociación ilegal, sostiene que ha conseguido recabar los testimonios aportados por testigos del crimen.

El relato enhebrado por Movimiento contra la Intolerancia sostiene que unos 50 o 60 ultras, divididos en pequeños grupos, estaban apostados desde tres horas antes de la celebración del partido en las inmediaciones del estadio. Su objetivo era dar un escarmiento a los aficionados donostiarras en venganza por el apedreamiento que sufrió un autobús atlético en una visita al estadio de Anoeta. "Estaban comunicados por teléfonos móviles y, cuando vieron a los seguidores de la Real Sociedad entrar en un bar, se avisaron unos a otros y se pusieron en disposición de ataque", según el presidente de Movimiento contra la Intolerancia, Esteban Ibarra.

Algunos aficionados vascos, siempre de acuerdo con esta reconstrucción, se percataron de la amenaza y decidieron retirarse del bar. Ya en la calle, los donostiarras, unos 30, se encontraron con una avalancha de ultras atléticos que se dirigían hacia ellos.

En ese momento entraron en escena dos coches, de los que descendieron supuestamente seis jóvenes armados con navajas. "Hubo una intervención de la policía, pero los agentes fueron desbordados", relató Ibarra.

Al retirarse del lugar, Aitor y su novia vieron cómo los hinchas, en su embestida, arrollaban a una mujer que iba con su hija. Aitor, siempre según la reconstrucción de la acción popular, se dio la vuelta y recriminó a los ultras su agresión. Fue entonces cuando recibió la puñalada en el pecho.

"Aitor fue una víctima aleatoria, pero de un ataque organizado. Y eso lo vamos a perseguir en este proceso, porque el nuevo Código Penal nos da un instrumento para buscar el castigo para un grupo ilegal como Bastión. Es un ejemplo más de la violencia organizada que rodea el fútbol y que muchas veces es alimentada por los clubes", afirmó Ibarra, cuya organización ha mantenido contactos con la familia de Aitor y ha acordado cooperar con la acusación particular.

Fuentes cercanas a los familiares de los imputados restaron validez a las afirmaciones de Ibarra y recordaron que la juez mantiene el secreto del sumario.

"No bastan cuatro o cinco testimonios, recogidos no se sabe bien de dónde, para montar una teoría conspiratoria sobre un grupo que ni siquiera se ha mencionado en las declaraciones", señalaron.