Egevasa y Lubasa compiten con cuatro grupos por el servicio del agua de Calpe

La batalla por el negocio del agua potable se ha extendido a toda la Comunidad Valenciana. En esta ocasión el pulso se sostiene en el municipio de Calpe, gobernado por el PP. La Corporación de Calpe proyecta conceder el servicio a una sociedad mixta, participada en un 30% por el Ayuntamiento. Para la elección del socio privado, propietario del 70% restante de la sociedad, se ha convocado un concurso, que se resolverá la próxima semana. El plazo de presentación de ofertas concluyó en la primera quincena del mes pasado. En el registro se presentaron cinco propuestas: la unión temporal de empresas formada por Egevasa y Lubasa, Aguas de Valencia, encargada desde 1994 de la gestión de suministro de agua y limpieza del alcantarillado de Calpe; Aguas de Barcelona, Fomento de Construcciones y Contratas y Urbaser, del grupo Central Hispano (BCH). Este concurso coincide en el tiempo con la privatización del 49% de la sociedad de aguas de la Diputación de Valencia. La Corporación provincial tiene previsto adjudicar el 49% de Egevasa el próximo lunes a una sociedad de reciente creación, en la que figuran como accionistas Lubasa, BCH y el Grupo Bancaixa. Aguas de Valencia optó a este concurso y perdió. La sociedad del constructor Luis Batalla se ha presentado a la práctica totalidad de concursos convocados por las diferentes administraciones públicas para privatizar la gestión del agua potable. Concursos pendientes Después de estos dos concursos, (Egevasa y Calpe) están pendientes los del Ayuntamiento de Castellón y el más importante de la Comunidad, el de la ciudad de Valencia. La Corporación que dirige Rita Barberá utilizará un sistema similar al utilizado por el Ayuntamiento de Calpe, es decir, constituir una sociedad, con una participación pública minoritaria y el resto adjudicarlo a socios privados, preferiblemente valencianos. En esta carrera, Aguas de Valencia, que gestiona el servicio desde hace unos 75 años parte como favorita. El reparto del negocio del agua potable en la Comunidad Valenciana se ha convertido, a consecuencia de la política de privatizaciones impulsada por el actual gobierno de la Generalitat, en foco de tensiones entre los grupos privados. El conflicto en Aguas de Valencia, que se prolonga más de seis meses, es un ejemplo. La pugna no se localiza sólo en el sector privado, sino que se ha trasladado al terreno de la política, donde existe una batalla sin cuartel entre las diferentes familias del PP.