Productividad policial

ES DIFÍCIL no vincular determinados aspectos del denominado Proyecto Policía 2000, con el que el Gobierno del Partido Popular pretende reestructurar el Cuerpo Nacional de Policía (CNP), con la filosofía que inspiró la famosa ley Corcuera, a la que el PP se enfrentó radicalmente, y con razón, cuando ejercía de oposición. El principal reproche que se hizo a aquella ley, con el PP a la cabeza, fue que no mantenía el suficiente equilibrio entre la protección de la seguridad colectiva y el respeto a los derechos individuales de la persona, básicos en un régimen de libertades. Este equilibrio podría romperse si, como parece, el denominado Proyecto 2000 insiste en seguir vinculando determinadas retribuciones en concepto de productividad al número de detenciones efectuadas por los agentes. Es éste un asunto lo bastante grave como para que los responsables políticos de la policía, o incluso el Gobierno, despejen las dudas explicando en el Parlamento los pormenores del proyecto. Es cierto que ha habido algunos desmentidos oficiales sobre los aspectos más burdos de este concepto retributivo, pero no han impedido que los sindicatos policiales, y especialmente el Sindicato Unificado de Policía (SUP), mayoritario en ese cuerpo, sigan manteniendo que la nueva filosofía establece que "lo primero es la seguridad, único elemento a tener en cuenta, con desprecio absoluto para las garantías del Estado de derecho".

Una buena política de seguridad ciudadana exige, desde luego, adecuar los efectivos policiales existentes a la cambiante sociología del delito y a las demandas ciudadanas. Nada hay que objetar en principio a proyectos como el denominado Policía 2000 que se proponen mejorar la organización policial, descentralizar la toma de decisiones, aproximar los servicios policiales al ciudadano, reducir las funciones burocráticas y aumentar la dotación de vigilancia en la calle. Que tales objetivos no sean nada originales -son los que, casi con las mismas palabras, han propuesto todos los gobiernos en el pasado- no resta argumentos al PP para insistir en la mejora de la eficacia policial en la lucha contra la delincuencia y la protección de la seguridad ciudadana.

La originalidad parece radicar, por lo que se conoce hasta ahora del plan, en la aplicación de criterios de gestión empresarial para reestructurar la Policía Nacional, siguiendo la trayectoria marcada por el PP en otros servicios públicos. Pero hay que tener sumo cuidado al fijar los baremos de productividad en una zona tan delicada como la seguridad ciudadana, ya que la primera misión que la Constitución encomienda a las Fuerzas de Seguridad del Estado es proteger el ejercicio de los derechos y libertades de los ciudadanos. Y esto no se mide sólo, ni siquiera principalmente, en detenciones. Esa productividad puede dañar incluso el cometido fundamental de la policía. El criterio de a más detenciones mayor productividad y, por tanto, mejores retribuciones, es inaplicable con carácter general y de alto riesgo incluso en programas sectoriales. Igual que es una aberración medir a los jueces por el número de sentencias, también lo es valorar a los policías sólo por sus detenciones. En el primer caso correríamos el riesgo de incentivar sentencias no sólo malas, sino injustas. Si no se delimita bien, la productividad policial puede ser la antesala de detenciones arbitrarias. En suma, podría convertirse en un grave factor de inseguridad ciudadana. El director de la policía ha asegurado que quienes incurran en malos tratos perderán el plus de productividad. ¡Faltaría más! La sola duda pone los pelos de punta.