Acusaciones de corrupción enrarecen la inminente censura a la Comisión

La Comisión Europea no dimitirá si el voto de censura presentado por el Parlamento Europeo no tiene el apoyo que exige el Tratado de Maastricht. Es decir, al menos dos tercios de los votantes y que éstos supongan la mitad más uno del total de diputados miembros del Parlamento. El presidente de la Comisión, Jacques Santer, y el comisario Erkki Liikanen rechazaron ayer firmemente las acusaciones de corrupción presentadas por un grupo de periodistas contra sus esposas.

El ambiente se enrarece en Bruselas a medida que se acerca el debate (el próximo lunes) y votación de censura (el día 15) planteados por los socialistas europeos contra la Comisión en el Parlamento. Una censura que busca, a priori, apoyar al equipo Santer ya que el Tratado de Maastricht no prevé que la Comisión pueda plantear una moción de confianza.Santer afrontó ayer una durísima conferencia de prensa en la que los medios que en los últimos meses han criticado de manera más acusada los casos de corrupción dieron la impresión de actuar de forma concertada. O al menos pareció que todos conocían de antemano las denuncias que iban a plantearse en vivo.

Dos acusaciones muy concretas. La primera involucra a la esposa de Jacques Santer en negocios inmobiliarios con la Comisión. El presidente pareció sorprendido, dio cuenta de todas sus propiedades inmobiliarias y negó que su cónyuge hubiera realizado cualquier operación inmobiliaria con el ejecutivo europeo.

La segunda iba dirigida contra la esposa del comisario responsable de presupuestos, el finlandés Erkki Liikanen, acusada de firmar un contrato con la Comisión. El comisario acudió raudo a la sala de prensa para defenderse. Reconoció la firma de un contrato, pero aclaró que su mujer lo había hecho en nombre del Gobierno del Finlandia y no en provecho propio. "Me temo que venimos de culturas distintas, porque en mi país se reconoce el mismo derecho a tener una vida profesional propia al hombre y a la mujer", afirmó desafiante. Y explicó que su mujer era funcionaria desde 1972 y que él no tiene ningún derecho a inmiscuirse en su vida profesional.

Al margen de la convicción o no de las palabras de Santer y Liikanen, crece la sensación de que esta Comisión se encuentra irremediablemente paralizada por la actual crisis. Las apelaciones de Santer a la gestión realizada en los últimos años, desde el euro al Tratado de Amsterdam, topan con el muro terrible de las pequeñas corruptelas. Y crece también la sensación de que quienes se vieron beneficiados por éstas en el pasado y aparecen ahora señalados por el dedo tienen no sólo mucha información, sino un gran dominio de los tempos informativos. Un caso sucede a otro. Primero, las contrataciones irregulares en la oficina humanitaria Echo, en la época en que dependía del comisario Manuel Marín. Luego, las discutibles asesorías contratadas en su entorno amistoso por la comisaria Edith Cresson. Después, la suspensión de un funcionario por enviar al Parlamento Europeo un informe sobre denuncias de corrupción. Ahora, acusaciones contra Santer y Liikanen.

Una suma continua de pequeños casos que no permiten descartar una victoria de la censura, aunque sólo los socialistas alemanes, los liberales y la extrema derecha la defienden. Los populares españoles se declararon ayer a favor de la abstención o el voto en contra de la censura porque, según su líder, Gerardo Galeote "sería un acto de irresponsabilidad" provocar la caída de la Comisión. Galeote se opuso también a exigir la dimisión de los comisarios más afectados por las acusaciones, Marín y Cresson. Aunque matizó que "en el caso de Cresson sí parece probado que ha habido nepotismo, pero en el de Marín las irregularidades corresponden a sus servicios".