Atrapado por la mina
Daniel Domingo ha osado mancillar a las vacas sagradas de la comarca de Los Serranos. Al menos, las de su municipio, Andilla. Las siete explotaciones -de sílices, arcilla y caolín- del pueblo ejercen su actividad sin licencias, están en suelo protegido y no cotizan el Impuesto de Actividades Económicas (IAE). Domingo, ex alcalde y ahora teniente de alcalde por UV, no se cansa de repetir que estas aseveraciones son "constatables" y, dice, se ha visto abocado a denunciar esta situación por haberse sentido "toreado". Hace año y medio se trazó un objetivo primordial: hacer cumplir la ordenanza municipal que grava el paso de materia procedente de las minas en 50 pesetas por tonelada. Sin embargo, su cometido no llegó a buen puerto. Llamó a consultas a los empresarios mineros del municipio, sin alcanzar acuerdo alguno. Domingo ordenó entonces el cierre de varias minas por carecer de licencia de actividad. El efecto dominó hizo que el pleno del Ayuntamiento aprobase recientemente una resolución que establece el cese inmediato de las siete explotaciones mineras del municipio "hasta que regularicen su situación". Pero la exigua dotación policial en este pueblo de 300 habitantes -sólo dispone de un agente- es insuficiente para aplicar los decretos. Pero Domingo no se rinde. Este año ha vivido unas navidades diferentes. Espoleado por lo que considera una "tremenda injusticia", permanece encerrado en el Ayuntamiento, desde el pasado día 29, "hasta que los empresarios paguen la tasa que les corresponde por el paso de los camiones". Es tal su obcecación que está decidido a secundar una huelga de hambre "si la situación sigue en los actuales términos". Permanece conectado con el exterior por un teléfono y ya ha recibido muestras de apoyo de alcaldes, vecinos e incluso de algún destacado miembro de su partido, UV, como el diputado nacional José María Chiquillo. Domingo, sin pelos en la lengua, ha denunciado también la inhibición del Consell en este asunto. "El Gobierno valenciano conoce la situación y con su silencio se convierte en cómplice y connivente", señala. El ex alcalde también ha denunciado el asunto ante la fiscalía de Medio Ambiente. Domingo acusa, además, al delegado del Gobierno de negarle "el auxilio policial" cuando fue víctima de llamadas telefónicas jalonadas de insultos y amenazas. Las minas de Andilla siguen trabajando a pleno rendimiento. Abastecen principlamente a las empresas azulejeras de Castellón. Según datos del Consistorio, extraen una media de 6.000 toneladas al al día, facturan anualmente unos 4.500 millones de pesetas y emplean directamente a 100 personas, ninguna del pueblo. Los ingresos que anualmente aportan los empresarios mineros al Ayuntamiento no superan las 200.000 pesetas, una cifra irrisoria frente al millón que ingresan los 10 ganaderos de la villa. Igual desfase se da en los pequeños comerciantes. "Éstos pagan religiosamente el IAE, sin embargo las actividades extractivas, en su mayoría, no figuran inscritas en el padrón de actividades económicas", apostilla Domingo. Este verano la Federación Valenciana de Municipios y Provincias actuó como mediadora proponiendo un protocolo que firmaron todos los pueblos con actividad minera de la comarca, excepto Andilla, que estimó insuficiente la oferta de gravar 20 pesetas por tonelada extraída, considerándola también "jurídicamente incorrecta" por no estar avalada por las consejerías de Industria y Medio Ambiente. Desde que el ahora teniente de alcalde abrió la caja de los truenos, no ha tenido un respaldo rotundo. "Tengo la impresión de que me han dejado en la estacada. Sólo yo estoy protagonizando acciones contundentes", comenta Domingo, al tiempo que lamenta que el actual alcalde, del PP, esté "excesivamente sometido" a la disciplina de partido. Entretanto, ni la Asociación de Empresarios de Sílices, Caolines y Arcillas de Valencia, que aglutina a la mayor parte de estas minas, ni el alcalde de Andilla, Basilio Vicente, se han pronunciado sobre el conflicto.
