El PSPV afirma que el "bonocheque" discrimina a los más pobres y no garantiza la calidad asistencial
La portavoz parlamentaria de Servicios Sociales del PSPV, Lourdes Alonso, afirmó ayer que el plan de bono residencia, impulsado por la Consejería de Bienestar Social, atenta contra la igualdad de oportunidades porque discrimina a los usuarios con menores recursos económicos, "a los que más lo necesitan". Alonso se refirió al informe que publicó ayer EL PAÍS en el que se recoge el contenido del estudio de la Unidad de Inspección de Servicios Sociales, de la propia consejería, que detecta deficiencias en el programa y critica los "efectos perversos" del denominado bonocheque, como la carencia de plazas, los abusos de algunas residencias y la discriminación que sufren los usuarios con menos recursos económicos. En este sentido, la diputada socialista mostró una nota informativa de la residencia privada La Seu, ubicada en una céntrica calle de Valencia, en la que se indica que mantendrá el precio de sus tarifas (175.000 pesetas mensuales, más el IVA) "mientras no se resuelva positivamente el programa bono-residencia". "A partir de su resolución", continúa la nota de la exclusiva residencia, "pasará a regir el precio público de la resolución del bono, procediendo a la devolución de la parte subvencionada por la Administración, si ésta es de carácter retroactivo, en cuento La Seu haya cobrado dicha parte". Alonso indicó que la citada nota pone de manifiesto las insuficiencias e irregularidades del bonocheque, que a su juicio significa una "quiebra del estado del bienestar", además de ser una medida clientelista y mercantilista, al convertir "a la gente mayor en una mercancía". La portavoz parlamentaria rechazó de plano que el bono residencia incremente la oferta de plazas en las residencias de la tercera edad y aumente la capacidad de elección del usuario, como pretende sobre el papel el programa gestionado por la consejera Marcela Miró. Alonso incidió en que el presidente de la Generalitat, Eduardo Zaplana, ha convertido la Comunidad Valenciana en el "banco de pruebas" del PP. También la responsable de Servicios Sociales del PSPV, Nuria Espí, se mostró muy crítica con un plan que no garantiza la calidad asistencial, recordó las irregularidades ya denunciadas por los socialistas y acusó a Zaplana de "dejación de responsabilidades".
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