BNG y PSOE unen sus fuerzas para luchar contra el "clientelismo del poder" en Galicia

El Bloque Nacionalista Galego (BNG) y el PSdeG-PSOE estudiarán en los próximos días la presentación de iniciativas conjuntas para proponer al Parlamento autonómicbreformas legales que impidan "el ejercicio clientelista del poder". Los dos partidos de la oposición se suman así a una iniciativa de un grupo de intelectuales aglutinados en el Foro Luzes de Galicia para denunciar que el abrumador dominio político y social del PP, aunque conseguido legítimamente, le está permitiendo utilizar el poder como "una propiedad particular", lo que se traduce en una"democracía debilitada".

Ante decenas de dirigentes de su partido que se habían congregado en el acto de inauguración, el lunes pasado, de las nuevas autovías de acceso a Galicia, el presidente de la Xunta, Manuel Fraga, lo dijo claro y alto: "Ahora todos los gallegos saben a quién deben el desarrollo". Poco importaba que esas autovías se empezasen a construir con el Gobierno del PSOE. Lo que interesa al PP gallego es que la gente perciba que las realizaciones sociales se las "debe" a ellos.Por eso, los más altos dirigentes populares disfrutan entregando personalmente las subvenciones. Lo solía hacer el actual ministro de Sanidad, José Manuel Romay, cuando era consejero de Agricultura: reunía a unos cuantos cientos de ganaderos y les soltaba en mano un cheque bancario para cada uno. El mismo sistema escogió el mes pasado la Diputación Provincial de Ourense para repartir a 300 cultivadores de patata de la comarca ayudas a razón de más de 100.000 pesetas para cada uno.

Cuando guardaban cola para ,esperar su turno, algunos agricultores descubrieron con sorpresa que junto ..a los funcionarios que entregaban los talones estaban un alcalde y un parlamentario autonómico del PP El BNG y el PSOE pusieron el grito en el cielo, pero el portavoz oficial de la Diputación

justificó el cariz partidista del acto con el argumento de que las subvenciones se concedieron por un acuerdo "entre el PP y los labradores".

Nacionalistas y socialistas de Ourense ya montaron en cólera hace unos meses cuando descubrieron que de los cuatro aprobados en unas oposiciones para la Diputación, tres eran hijos de dirigentes del PP. La denuncia sirvió para que se destapase que entre los contratados por el organismo provincial había decenas de concejales del PP o familiares directos suyos. Fue un escándalo de repercusión nacional, pero los comportamientos no se cambian con facilidad: en las nuevas oposiciones que se están celebrando ahora vuelven a aparecer entre las mejores notas un sobrino de un consejero de la Xunta y los hijos de un diputado provincial y de un alcalde del PP.

Los populares replican con un razonamiento estadístico: son tantos -106.000 militantes, según aseguran, aunque el PP nacional rebaja la cifra en 20.000- que es lógico que estén en todas partes. La misma tesis les sirve para defender el reparto del dinero público entre los municipios -el 80% gobernados por el PP- frente a las quejas de la oposición de que se margina a las localidades con alcaldes de otros partidos.

Pero los economistas Xaquín Álvarez Corbacho y Gustavo Rego hicieron un estudio econométrico sobre las inversiones de la Xunta en los ayuntamientos en el que tuvieron en cuenta múltiples variables: la renta de cada localidad, la estructura de la población, la superficie y el color político del ayuntamiento. Concluyeron que la distribución de fondos "aparece sesgada por criterios políticos y clientelismos evidentes", una tendencia que coincide, a partir de los años noventa, cuando Fraga alcanza el poder, con una mayor dependencia financiera de los municipios respecto a la Xunta. El Gobierno autónomo, señala el estudio, reparte de modo discrecional entre 25.000 y 30.000 millones de pesetas por año para los ayuntamientos.

La oposición se queja de la falta de control sobre esos fondos. El portavoz parlamentario del PSOE gallego, Emilio Pérez Touriño, ha calculado que de los 136.000 millones de inversión previstos en los presupuestos de la Xunta para 1999, sólo en 27.000 consta el proyecto específico al que se destinarán. El resto se decide al albedrío del Gobierno. Hay otros 14.000 núllones consignados como "inversiones inmateriales" y que, a falta de otras explicaciones, la oposición sostiene que se dedican a propaganda y reparto de publicidad entre los medios". El Ejecutivo se defiende apelando a la necesaria "flexibilidad y eficacia" de la Administración, el mismo argumento que emplea a fin de justificar el incesante desvío de fondos públicos para crear sociedades anónimas y fundaciones gestionadas con criterios de empresa privada.

Los presupuestos globales de esa clase de organismos crecerán en 1999 un 31,6%, hasta superar los 125.000 millones. Hace tiempo, el Defensor del Pueblo gallego, José de Cora, llamó la atención sobre el hecho de que ese dinero público no esté sometido a fiscalización parlamentaria.