Quejas por desigual trato de funcionarios al cobrar atrasos

Los hermanos Luis y Fernando Carderera se codearon durante años en Bruselas en la Representación Permanente de España ante la Unión Europea. El primero era consejero comercial, y el segundo, diplomático. A su regreso a España reclamaron en los tribunales, junto con otros 400 funcionarios españoles destinados en el extranjero, emolumentos no cobrados durante su estancia fuera de España. A Luis, consejero comercial, la Audiencia Nacional le dio la razón -recibirá en breve 16 millones de pesetas-; a Fernando, el diplomático, se la quitó.El asunto tiene soliviantada a parte de la carrera diplomática y a funcionarios de los ministerios de Defensa, Educación, Trabajo y Agricultura que han estado destinados en el extranjero. Ninguno cobrará un duro mientras que 99 funcionarios de la Secretaría de Estado de Comercio, que dirige Elena Pisonero, ingresarán en breve 765 millones de pesetas. "Es como si les hubiese tocado la lotería de Navidad", comenta despechado un diplomático. Aquellas sentencias desestimatorias "nos llenaron de malestar y estupor" porque "supone un tratamiento diferente ante situaciones iguales", escribió entonces Fernando de Galainena, presiente de la Asociación de Diplomáticos Españoles, al presidente José María Aznar.

El vicepresidente segundo del Gobierno, Rodrigo Rato, intentó ya abonárselos en verano. Solicitó al Consejo de Ministros, en su reunión del 17 de julio, un crédito extraordinario por ese importe y financiado con deuda pública.

El ministro de Asuntos Exteriores, Abel Matutes, manifestó su desacuerdo. El crédito no se aprobó entonces, pero fue incluido en los Presupuestos Generales para 1999: tres partidas, por un importe total de 765 millones, para el pago atrasado en ejecución de sentencias dictadas por la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional.

Figuran en un anexo de los presupuestos de los organismos autónomos y ni el Consejo de Ministros ni el Congreso han debatido el asunto.

¿Por qué cobran unos funcionarios y otros no? Dos reales decretos de 1986 y 1988 establecen nuevos criterios para pagar pluses a los funcionarios destinados en el extranjero, teniendo en cuenta los niveles de precios en los países que residen y tratando de "compensar factores como la lejanía, clima, insalubridad, incomunicación geográfica o cultural, situación de violencia o guerra, inseguridad ciudadana, insuficiencia de los servicios públicos (...)".

Los funcionarios se sienten perjudicados por cómo calcula Hacienda esos complementos. Reclaman primero a la Administración del Estado, que rechaza su petición. Acuden después, individualmente, a la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional. Todas las demandas de los funcionarios de Comercio recaen en la Sección Séptima de la Sala, que en 1996 y 1997 dictó 99 sentencias condenando al Estado a abonar la diferencia entre el método de cálculo que aplicaba y el que el demandante consideraba que debía aplicar. Las demandas de otros 300 diplomáticos, militares, inspectores de trabajo, profesores, etcétera, recaen esencialmente sobre la Sección Quinta de la misma Sala. Todas ellas son rechazadas. Previamente las secciones se reunieron para intentar, sin demasiado éxito, unificar criterios.

Los funcionarios cuyas demandas fueron desestimadas interpusieron una cuestión de inconstitucionalidad por considerar que había sido violado el derecho a la igualdad, que fue desestimada. La misma suerte corrió un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Ahora han apelado al Tribunal de Estrasburgo.