Interior niega que se vaya a primar a los policías por hacer detenciones

El Ministerio del Interior, a través de la Dirección General de la Policía, negó ayer que entre sus planes esté pagar más a los agentes por aumentar el número de detenciones. "Lo que se va a primar es la reducción de niveles de inseguridad ciudadana y mejorar la atención a los ciudadanos, pero no el número de detenidos", aseguró un portavoz de la Policía, desmintiendo así una información difundida por la cadena SER.Un documento en poder de la SER señala que los agentes adscritos a Seguridad Ciudadana recibirán una gratificación si aumentan en un 5% su efectividad en la captura de individuos buscados, en las expulsiones de inmigrantes ilegales o en el número de identificaciones callejeras. Según el portavoz de la Policía, se trata de un documento "falso" atribuido a la Brigada de Extranjería de Alicante y que "en el mejor de los casos, no sería un documento de la dirección general".

Fuentes de Interior señalan que el proyecto Policía 2000, que se implantará en 1999 en seis provincias, no está terminado y que en ninguno de sus apartados se recomienda a los agentes hacer más detenidos para cobrar un incentivo de 30.000 pesetas al mes. El director general del cuerpo, Juan Cotino, pretende cambiar la forma de funcionamiento del mismo y "motivar" económicamente a los funcionarios que cumplan una serie de objetivos, que "en cada ciudad y en cada barrio será diferente". Pero Cotino asegura que su idea es desterrar el viejo sistema de palotes (medir la eficacia por el número de detenidos).

Willy Meyer, diputado de IU, ha pedido la comparecencia "urgente" del ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja, y de Cotino en el Parlamento para que informen "sobre la experiencia piloto que se pondrá en marcha en Barcelona de incentivos a los funcionarios de policía". El PSOE también formuló idéntica petición.

José Manuel Sánchez Fornet, secretario general del Sindicato Unificado de Policía, considera que Cotino pretende implantar un modelo "que actúe al margen de la legalidad, brutal y desprestigiado". Federico Ferrer, de la Unión Federal de Policía, también mostró su oposición al proyecto.