Saldos

Por inaudito que parezca, la Administración pública ha decidido sumarse este año a la campaña de rebajas de enero. Y lo ha hecho, en Alicante, sacando a la venta un edificio público a precio de coste, estratégicamente situado en plena fachada litoral. Tan de primera línea que ocupa terrenos ganados al mar. Un chollo, dicen los que entienden. Por la tercera fase del hotel Meliá las arcas públicas ingresarán 1.872 millones de pesetas, exactamente lo mismo que le costó al puerto de Alicante, que compró en 1996 el inmueble con dinero público. El mercado inmobiliario crece como la espuma por aquí, y en estos tiempos es poco habitual que te vendan a precio de saldo, salvo que se trate de alguien con apuros económicos que necesite liquidez con urgencia. Y si la Administración está en esa situación, España no va tan bien como dicen algunos. En este caso hemos hecho un pan como unas hostias, y pluralizo convencido de que parte de mis impuestos han ido a parar a ese cometido. Primero contratamos por una pasta a un gabinete jurídico para que resolviera el complicado entramado de propietarios afectos al edificio. Había cientos, algunos pendientes de resolver herencias, otros en juicios, y tampoco faltaban apartamentos de dudosa adjudicación. Meses de papeleo y negociaciones hasta llegar a la compra, que estalló al poco de consumarse cuando alguien cayó en la cuenta de que el edificio adquirido no tenía uso definido. Añádanse las dudas generadas sobre la legalidad de la operación, investigación judicial incluida, y resultará un mastodonte de hormigón con más peso del debido. Después vino la vergüenza de ver a los representantes de un organismo público (el puerto) llamando a todas las puertas posibles para intentar vender el Meliá, como si de comerciales de Avón se tratara. Pero no hubo suerte. El edificio no interesaba a nadie. Desesperada, la Autoridad Portuaria decidió que lo mejor era ofertar el inmueble a precio de saldo. En enero, con la llegada de las rebajas, se firmará la transacción.