Indulto ya

LA SALA Segunda del Supremo, que la sentencia del caso Marey dividió en dos bloques -siete magistrados por la condena, cuatro por la absolución-, ha recuperado la unidad de criterio en su pronunciamiento a favor del indulto parcial de Barrionuevo y Vera. El informe sitúa a ambos más cerca de la libertad, ya sea porque la reducción de la condena -de 10 años a 40 meses- facilita su clasificación en el tercer grado, ya sea porque el recurso ante el Constitucional pudiese conllevar la suspensión del cumplimiento de sentencia. El escrito del Supremo le suministra al Gobierno suficiente base jurídica para reducir la pena en dos tercios, pero sería bueno que cerrara de una vez por todas con un indulto total este asunto que aún divide profundamente a la sociedad española. La ley concede al Gobierno plena libertad para el ejercicio del derecho de gracia, sin que le limiten los informes del tribunal juzgador o el fiscal.Los delitos por los que Vera y Barrionuevo fueron condenados no han prescrito, pero se remontan a hechos sucedidos hace 15 años y hace ya más de 10 que los GAL dejaron de ser una amenaza con su autodisolución. El propio Tribunal Supremo admite que la función ejemplarizante de la justicia fue cumplida con la propia sentencia y su cumplimiento parcial. Por lo demás, los magistrados concluyen que en estas circunstancias no cabe el temor a la reincidencia.

Los amantes de la equidistancia podrían tener en cuenta que ETA todavía existe; que aunque ha dejado de matar hace tres meses, tiene todavía en reserva a sus comandos y a la infantería de Jarrai en tareas de intimidación contra cargos electos del PP; que hay muchas cuentas pendientes con la justicia y con las víctimas, y que, pese a todas esas evidencias, empieza a hablarse abiertamente de posibles medidas de gracia si se produce el abandono definitivo de la violencia. Sin que se haya exigido un arrepentimiento colectivo. El paralelismo entre la situación de los etarras encarcelados y la de Barrionuevo y Vera es a todas luces una falacia. Sobre todo desde un planteamiento político. Pero, una vez que los hechos coinciden en el tiempo, nadie podría entender, si no es desde el sectarismo, que se pueda avanzar en una solución generosa de los presos etarras con la antigua cúpula de Interior en la cárcel. Amén de incomprensible, resultaría de todo punto imprudente a la luz del paralelismo que interesadamente tratan de establecer algunos portavoces del Pacto de Lizarra.

El PP ha sucumbido a la tentación de utilizar el calvario judicial al que están sometidos ex altos cargos socialistas para mantener ocupada a la oposición en una tarea de desgaste, como es la defensa de los propios presos encarcelados. También el PSOE ha caído en la trampa de convertir la solidaridad con Vera y Barrionuevo en la piedra de toque de la línea política de sus líderes, y alguno de ellos se ha dejado tentar por la posibilidad de automarginarse del libre juego político, insinuando el abandono de las instituciones o la descalificación del proceso de paz en Euskadi.

Hay una forma de cortar estas derivas partidistas, y de que la vida política recupere la normalidad perdida: que el Gobierno ejerza su prerrogativa y conceda el indulto a Rafael Vera y a José Barrionuevo. Y que lo conceda ya.