Piqué admite riesgos en la "titulización" eléctrica y aconseja esperar la luz verde de Bruselas

El ministro de Industria, Josep Piqué, intentó ayer en el Congreso calmar la polémica desatada con la enmienda presentada en el Senado por el PP a la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos que permitirá a las eléctricas cobrar 1,3 billones en concepto de costes de transición a la competencia y, de ellos, un billón por adelantado. Por vez primera, Piqué reconoció que la operación de cobro anticipado, al margen de que hoy se apruebe en el Congreso, puede no llevarse a cabo, por los problemas jurídicos que plantea el PSOE. Piqué recomendó a las empresas esperar la decisión de Bruselas.

El titular de Industria reprochó al PSOE -que junto a IU y al Grupo Mixto pidió la retirada de la enmienda- actuar de forma "irresponsable" al haber anunciado que recurrirá al Tribunal Constitucional la forma en que el Gobierno ha tramitado enmiendas a la Ley de Acompañamiento, incluida la que reforma la Ley Eléctrica para autorizar a las eléctricas el cobro de 1,3 billones en compensaciones y llevar a cabo la titulización de un billón de pesetas (cobro por adelantado de los bancos, que colocarán el nuevo activo en el mercado a cambio del 4,5% de la tarifa eléctrica durante al menos 15 años).Piqué reconoció que las compañías quizá no puedan llevar a cabo la operación "por los problemas jurídicos introducidos de forma irresponsable" [por el PSOE], y recomendó a las empresas eléctricas esperar a que se pronuncie al respecto la Comisión Europea.

Aluvión de reproches

En cualquier caso, y a pesar del aluvión de reproches que tuvo que escuchar de todas las fuerzas políticas con voz en la Comisión de Industria del Congreso, a excepción del PP, Piqué reiteró que el Gobierno considera adecuada tanto la forma como el método elegido para compensar a las compañías eléctricas, de acuerdo, según dijo, con el derecho que les reconoce la Ley Eléctrica aprobada en 1997.La Ley de Acompañamiento y la Ley de Presupuestos, junto con la enmienda aprobada en el Senado con los únicos votos del PP, será votada hoy en el Congreso. Ayer, en la Comisión de Industria, los aliados parlamentarios del Gobierno, CiU y PNV, criticaron la forma en que el Gobierno ha llevado a cabo la tramitación de las compensaciones a las eléctricas, pero no atacaron en absoluto el fondo de la cuestión, es decir, si las empresas tienen derecho a compensaciones por aceptar la competencia; si la cuantía aceptada por el Gobierno (1,3 billones) es ajustada o excesiva o si el cobro adelantado de la mayor parte de dichas compensaciones, a cambio de adjudicar un 4,5% de la tarifa eléctrica a asegurar la operación, es un nuevo impuesto que se impone a todos los ciudadanos.

Piqué reiteró durante la comparecencia, que duró más de tres horas, todos los argumentos que han venido manejando su departamento y el Gobierno desde que en septiembre pactó con el sector la modificación de la Ley Eléctrica: que las compensaciones son un derecho reconocido a las compañías en la Ley Eléctrica de 1997; que el 4,5% de la tarifa que se vincula a la titulización es una simple "afectación" de recursos y no un nuevo impuesto; que gracias al pacto se aseguran reducciones de tarifas hasta el año 2007 y que el cobro por adelantado de las compensaciones "es una mera operación financiera" y no "un regalo".

Frente a los argumentos utilizados por Piqué -basados en los mismos cálculos que la asociación que representa a las compañías, Unesa, remitió en su día a la Comisión Eléctrica-, el PSOE, por boca de su portavoz en la Comisión de Industria, Juan Pedro Hernández Moltó, calificó la comparecencia de Piqué de "patética" y "desesperada".

Además, tildó las compensaciones pactadas por el Gobierno con las eléctricas de "costes de su última campaña electoral", que pagarán los consumidores, y el método de tramitación, de "abuso parlamentario".

El representante socialista lanzó al aire una pregunta, planteada también por el diputado de Iniciativa per Catalunya, Joan Saura (Grupo Mixto), que Piqué olvidó contestar: si las compañías eléctricas, supuestamente, tienen reconocido por la Ley Eléctrica de 1997 el derecho a cobrar compensaciones, ¿por qué es necesario modificarla?

El mismo razonamiento ha sido utilizado en alguna ocasión por el presidente de la Comisión Eléctrica, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, que se opone al cobro anticipado de los costes de transición por las empresas y que no se ha cansado de señalar que las empresas, según la ley en vigor, sólo cuentan con una expectativa de derecho de cobro sobre 1,9 billones (de ellos 300.000 millones por ayudas al carbón), pero en 10 años, en función de la evolución del mercado y con cálculos anuales.

El portavoz de IU, Mariano Santiso, fue también duro con Piqué. Según dijo, la iniciativa de aceptar las compensaciones "demuestra que las eléctricas siguen imponiendo la política industrial", para lo que se crea "un impuesto excepcional". Joan Saura calificó las compensaciones de "atropello" y de "regalo sin precedentes para el que no hay explicación. Es la enmienda más cara de la democracia", concluyó.