El Ayuntamiento de Tarragona adjudicó irregularmente a Petrocat una gasolinera, según la oposición municipal

El Ayuntamiento de Tarragona adjudicó irregularmente en 1994 a la empresa Petróleos de Cataluña (Petrocat), participada mayoritariamente por la Generalitat, la explotación de una gasolinera en su término municipal, según denunció ayer Iniciativa per Catalunya (IC) en el transcurso de un pleno celebrado en el Consistorio tarraconense. El presidente de Petrocat era entonces Lluís Prenafeta, ex secretario general de la Presidencia del Gobierno catalán. En el pleno de ayer el equipo de gobierno del Ayuntamiento, integrado por Convergència i Unió y el Partit dels Socialistes, tenía previsto aprobar una subrogación de la explotación de esta gasolinera de Petrocat a Repsol, pero al final la decisión quedó sobre la mesa ante la denuncia formulada por IC. La portavoz de este grupo municipal en la oposición, Dolors Comas, solicitó que se revisase todo el proceso administrativo dada la existencia de graves irregularidades. Tanto el secretario general del Consistorio como el interventor y los servicios de Urbanismo han emitido sendos informes de ilegalidad respecto a la subrogación. Según IC, en octubre de 1983 el Consistorio tarraconense compró al Instituto Catalán del Suelo (Incasol) unos terrenos situados en un polígono industrial en la autovía de Tarragona a Salou para construir un edificio de equipamientos y servicios para las empresas. Así quedó reflejado en el convenio de compraventa firmado entre el Incasol y el Consistorio. Sin embargo, en 1994 la empresa Petrocat solicitó construir una gasolinera en el mismo solar, pero ello obligaba a que el Ayuntamiento modificase la calificación urbanística de los terrenos. De este modo, el alcalde de Tarragona, el convergente Joan Miquel Nadal, remitió en enero de 1994 una carta al director general del Incasol solicitando la autorización para instalar la gasolinera e informando de que el plan general urbanístico de 1994 ya contemplaba este uso, cosa que no era así en ese momento. Posteriormente, en el mes de mayo, el Ayuntamiento y Petrocat firmaron un convenio que hizo posible que la empresa instalase la gasolinera. Los técnicos municipales ya mostraron entonces la ilegalidad de dicha operación. Según sus informes, el Consistorio debía primero recalificar urbanísticamente los terrenos -de servicio público a patrimonial- y después convocar un concurso público para la explotación de la actividad económica. Asimismo, el Ayuntamiento tenía que destinar el dinero obtenido en la subasta a la compra de terrenos para edificar viviendas de promoción social. Para IC, el entonces equipo de gobierno, con mayoría absoluta de CiU, obvió todos y cada uno de los trámites legales, por lo que la adjudicación a Petrocat fue totalmente irregular. Además, a juicio de Dolors Comas, el alcalde Nadal mintió en la carta enviada al director general del Incasol, ya que en enero de 1994 las normas urbanísticas no permitían construir una gasolinera en dichos terrenos. La modificación no se realizó hasta noviembre. En el plenario de ayer, Iniciativa per Catalunya se opuso a subrogar la explotación de la gasolinera de Petrocat a Repsol porque, a su juicio, el proceso administrativo ya está viciado de origen. Ante la denuncia, Nadal optó por dejar el asunto sobre la mesa y estudiarlo en la Comisión de Hacienda.